La reciente caída de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro marca un momento decisivo en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Miguel Uribe Turbay, senador clave en el rechazo de esta iniciativa, expuso en entrevista con El Colombiano las razones detrás del fracaso de una de las apuestas más importantes del actual gobierno, señalando errores en el manejo fiscal y cuestionando la efectividad de su ejecución presupuestaria.
Uno de los principales argumentos para el rechazo de la tributaria fue el impacto negativo que podría tener en sectores clave de la economía. Uribe critica la insistencia del Gobierno en recaudar impuestos sin antes garantizar una ejecución eficiente de los recursos disponibles. Según cifras presentadas por el senador, entre 90 y 120 billones de pesos están actualmente en fiducias, sin ejecutarse; mientras que los costos de funcionamiento del Estado han aumentado un 20% entre 2022 y 2024.
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“Entonces, era altamente inconveniente. Y a esto se suma que el déficit que presenta hoy el Gobierno es responsabilidad de Gustavo Petro y sus ministros, no del gobierno anterior, ni del Congreso, ni de los colombianos. El año pasado y este le advertimos que no puede inflar ingresos para justificar gastos”, señaló.
La pérdida de ingresos debido al debilitamiento del sector de hidrocarburos y la baja eficiencia en la gestión presupuestaria se han traducido en un déficit que, según Uribe, es responsabilidad exclusiva del actual gobierno. La política de inflar ingresos proyectados para justificar gastos es otro punto de crítica, con advertencias reiteradas del Banco de la República, Fedesarrollo y el Comité de Regla Fiscal sobre la inviabilidad de los presupuestos planteados.
El impacto fiscal y la regla en riesgo
Uribe advirtió que el país está al borde de incumplir la regla fiscal, un indicador clave de sostenibilidad económica. Según los datos más recientes del Ministerio de Hacienda, el balance primario ya supera el límite permitido, situándose en -1,2% del PIB en agosto, cuando el máximo permitido es -0,9%.
Este escenario podría llevar a una degradación adicional en la calificación crediticia del país, encareciendo la deuda y aumentando el riesgo país. En términos macroeconómicos, la pérdida de confianza de los inversionistas internacionales agravaría una crisis económica que, según Uribe, ya es compleja.
El hundimiento de la reforma tributaria, insiste el parlamentario, es un golpe a la llamada “locomotora” legislativa del Gobierno Petro, que en sus primeras legislaturas había logrado aprobar reformas clave. Ahora, el panorama para otros proyectos fundamentales, como la reforma laboral y a la salud, parece igualmente complicado.
En cuanto a la reforma laboral, Uribe considera que el proyecto es inviable, ya que podría destruir más de 500.000 empleos y encarecer la generación de trabajo en un momento crítico para la economía. Además, alerta que estas iniciativas condenarían a muchos colombianos, especialmente jóvenes y mujeres, al desempleo y la informalidad.
Con un ojo puesto en las elecciones de 2026, Uribe asegura que su postura frente a estas reformas no es un cálculo político, sino una defensa de los intereses de los colombianos. Sin embargo, la coyuntura actual perfila una clara disputa entre un Congreso cada vez más dividido y un Ejecutivo que parece perder capacidad de maniobra.
“Los ciudadanos están celebrando que no se aprobó la ley de financiamiento, porque iba a encarecer el costo de vida aún más. Los colombianos no quieren pagar más cara la gasolina, ni los alimentos. Esta reforma hubiera provocado eso. Además, hoy más de 150.000 empresas celebran que no se acabe el Régimen Simple. El único que lamenta el hundimiento de la reforma es Petro, porque la plata no iba a resolver problemas sociales, iba a fortalecer su proyecto político”, dijo.
La caída de la reforma tributaria y el incierto futuro de las demás propuestas legislativas no solo revelan fallas en la gestión fiscal del Gobierno, sino también un cambio en el equilibrio de poder en el Congreso, donde los acuerdos políticos ya no parecen garantizar resultados automáticos. Para Uribe, el mensaje es claro: el Gobierno debe corregir el rumbo, recortar el derroche y priorizar la eficiencia en la ejecución, antes de seguir buscando más recursos a través de impuestos.
El próximo año será crucial para definir no solo la estabilidad económica del país, sino también las dinámicas políticas que marcarán el resto del periodo de Gustavo Petro. La pregunta clave es si el Gobierno logrará retomar la iniciativa o si, por el contrario, el Congreso consolidará su capacidad para frenar las reformas estructurales.