Cuatro policías fueron acusados de tortura y homicidio de joven en Jamundí

En un caso que ha generado conmoción en el Valle del Cauca, cuatro policías —tres de ellos en servicio activo y uno en retiro— fueron acusados por la Fiscalía de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Este grave hecho involucra la muerte de un joven detenido en la estación de Policía de Jamundí, en un episodio ocurrido el pasado 12 de febrero.

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De acuerdo con la investigación, los uniformados habrían sometido al joven a una serie de actos violentos y degradantes tras recapturarlo luego de que este intentara fugarse de la estación. Entre las agresiones señaladas, se incluye el uso de una pistola taser para inmovilizarlo, múltiples golpes y un acto particularmente cruel: la asfixia mediante una bolsa plástica colocada en su cabeza. Según los hallazgos, estos hechos habrían ocurrido mientras el joven se encontraba en estado de total indefensión, siendo observado por otros detenidos. Además, las investigaciones apuntan a que las acciones habrían contado con la aparente permisividad del jefe de guardia de la estación.

Los procesados en este caso son el intendente Juan Carlos Jimeno Monzón, los patrulleros Nilton Darío Muñoz Campo y Sergio Andrés Jiménez Díaz, y Andrés Felipe Rincón Fierro, este último patrullero retirado. Durante la audiencia, ninguno de ellos aceptó los cargos que les fueron imputados por una fiscal especializada de la seccional Cali.

En cuanto a las medidas judiciales, el juez de garantías tomó decisiones diferenciadas para los acusados. Muñoz Campo y Rincón Fierro fueron enviados a prisión preventiva como medida de aseguramiento, mientras que Jimeno Monzón y Jiménez Díaz permanecerán vinculados al proceso en libertad condicional.

Este suceso ha puesto nuevamente en el centro del debate el papel de las fuerzas de seguridad en Colombia, especialmente en el tratamiento de personas bajo custodia. La Fiscalía ha destacado la gravedad del caso, no solo por las acciones violentas realizadas, sino también por el contexto en el que ocurrieron, ya que tuvieron lugar en un espacio destinado a garantizar la seguridad y los derechos de los detenidos.

Además, el caso resalta la importancia de reforzar mecanismos de control interno y de supervisión en las instituciones policiales para evitar actos de abuso y garantizar el respeto por los derechos humanos, incluso en contextos donde las personas hayan cometido delitos o intentado evadir la justicia.

El proceso judicial avanza mientras la sociedad espera justicia en un caso que pone en tela de juicio la confianza en las fuerzas del orden y su cumplimiento de los estándares éticos y legales. Este hecho se convierte en un recordatorio de la necesidad urgente de fortalecer la rendición de cuentas en todas las instancias del sistema de justicia.

La Policía Nacional de Colombia ha marcado un hito al incorporar a 8.000 nuevos patrulleros, en lo que constituye la mayor cantidad de ingresos simultáneos en la historia de la institución. Este significativo avance se da como parte del “Plan 20.000″, una estrategia impulsada por el Gobierno nacional para reforzar la seguridad en el país y garantizar una fuerza policial más robusta, diversa y profesional.

De los 8.000 nuevos aspirantes al curso de patrulleros, 3.664 son mujeres, estableciendo un récord no solo para Colombia, sino también para la región de Latinoamérica. Este logro refleja el compromiso de la institución con la inclusión y equidad de género en sus filas, consolidando una policía más representativa de la sociedad colombiana.

Además, el proceso de selección y formación ha sido diseñado para integrar de manera significativa la diversidad cultural del país. Entre los nuevos patrulleros se cuentan 1.300 afrocolombianos, 517 indígenas, 134 mulatos, 38 raizales, 22 miembros de la comunidad Rom y cinco palenqueros, un hecho que refuerza el carácter multicultural de la institución.