La desviación de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la presunta adquisición de dineros ilícitos por parte de Nicolás Petro, hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, y la financiación irregular de la campaña del mandatario, son algunos de los más sonados casos de corrupción que sacuden al Gobierno. Los hechos han generado un descontento generalizado en la ciudadanía y la disminución en la aprobación de la gestión del jefe de Estado.
A pesar de la pérdida de confianza y de credibilidad, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, aseguró que el primer mandatario lamenta los casos de robo de los recursos públicos que se han registrado durante su administración.
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“Lo que puedo decir con realmente tristeza es que algo que le ha dolido al presidente en su corazón es que en su Gobierno se hayan presentado hechos de corrupción. Y eso, realmente nos ha lastimado no solo como Gobierno, sino que nos pone en una responsabilidad mucho más grande”, afirmó la funcionaria en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-2024 del Dapre.
Sarabia, que también fue designada como representante del presidente en el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), aseguró, además, que una de las tareas en las que más ha insistido el primer mandatario es la lucha contra la corrupción.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño criticó las declaraciones de Sarabia, recordando que ella misma se ha visto envuelta en escándalos. “Dice Laura Sarabia que los escándalos de corrupción del gobierno Petro les ha “dolido en el corazón”. Lo dice Sarabia, que está en medio de varios escándalos y quien acaba de posesionar a Armando Benedetti. Increíble el cinismo con el que se burlan del país”, escribió.
¿Qué está haciendo el Gobierno para luchar contra la corrupción?
En el mismo espacio de rendición de cuentas, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, confirmó las declaraciones de la directora de la entidad, indicando que, aunque no se puede afirmar que el Gobierno Petro sea “perfecto”, todavía es posible “mirar a los ojos” a los ciudadanos. Esto, a pesar de los múltiples hechos irregulares que han sido develados en los medios de comunicación.
“Tenemos la cabeza en alto, porque no hemos permitido que esas situaciones desafortunadas queden ahí”, precisó el secretario, que en su momento fue salpicado en el entramado que enloda a la Ungrd.
En ese sentido, explicó que la Secretaría de Transparencia tiene lista la política pública anticorrupción. Además, ya quedaron establecidos los lineamientos para programas de ética y transparencia empresarial, así como los programas de ética y transparencia en el sector público Únicamente, hacen falta dos firmas para que sea posible expedir el decreto de estrategia nacional de la lucha contra la corrupción.
La implementación de los programas que mencionó entrará en vigencia en 2025, contando con la participación de la ciudadanía, de las entidades públicas y de las empresas privadas del país. Esto, añadido a la necesidad de efectuar medidas de protección para las personas que denuncian actos de corrupción.
“Venimos insistiendo en todo lado, que no puede ser posible que quien denuncia termina denunciado o termina desplazado, o termina, en ocasiones, asesinado. Por eso, reivindicamos el 4 de noviembre de 2023 el proyecto de ley Jorge Enrique Pizano para la protección de denunciantes de corrupción”, explicó el funcionario.
La iniciativa, que nació en la Presidencia de la República y en la Secretaría de Transparencia, ya está en discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes en su segundo debate y se espera que en la siguiente legislatura, el Senado la apruebe. Asimismo, anunció que en enero de 2025 lanzarán la primera línea nacional anticorrupción: 157, que servirá para seguir fortaleciendo los canales de denuncia en la materia.