El Gobierno nacional otorgó la condecoración ‘José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial’ a varios presidentes de las altas cortes del país, según un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro.
Mediante el decreto 1496 de 2024, se impuso este reconocimiento a los líderes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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Este reconocimiento se entrega en un entorno de tensiones recientes, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara una condecoración previa, la Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata, argumentando la necesidad de preservar la autonomía e independencia judicial.
La condecoración se divide en tres categorías: oro, plata y bronce. En la categoría oro, fueron reconocidos Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Milton Fernando Chaves García, presidente del Consejo de Estado; José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional; y Alfonso Cajiao Cabrera, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Según el decreto, esta distinción se otorga por sus “merecimientos excepcionales y contribución al enriquecimiento de la jurisprudencia, así como al prestigio de la administración de justicia”.
En la categoría de plata, se reconoció a funcionarios como Luz Edith Díaz Urrutía, magistrada del Tribunal Superior de Quibdó, y Gabriel Andrés Moreno Castañeda, juez penal de Bucaramanga, entre otros. Estos reconocimientos destacan sus “servicios eminentes a la causa de la justicia y su singular consagración al cumplimiento del deber”.
Por su parte, en la categoría de bronce, se premió a personas como Nury Magally Cely Uscátegui, secretaria del Juzgado Penal de Tunja, y Lina María Torres González, magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, por su “dedicación continua, pulcritud y prestancia”.
El Gobierno nacional subrayó que estas condecoraciones buscan resaltar el compromiso y la labor ejemplar de los funcionarios de la Rama Judicial, que han contribuido al fortalecimiento del Estado de derecho en Colombia.
Además, se anunció que se rendirá homenaje a varios exmagistrados que han trabajado en la lucha contra la “gobernanza paramilitar”. Entre ellos se encuentran Julio César Valencia, María del Rosario González, Álvaro Orlando Pérez y el fallecido Augusto Ibáñez. Esta ceremonia será organizada por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia.
Decisión de la Corte Suprema de rechazar condecoración del Gobierno resalta el compromiso con la separación de poderes
La Corte Suprema de Justicia decidió rechazar una condecoración ofrecida por el Gobierno nacional, según una carta enviada a la Secretaría General de la Cancillería.
La distinción, la Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata, fue propuesta para reconocer la contribución del tribunal al fortalecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, la Corte Suprema optó por no aceptar el honor, argumentando la necesidad de preservar la independencia judicial, un principio fundamental consagrado en la Constitución Política.
En su comunicación, la Corte Suprema enfatizó que la aceptación de la condecoración podría comprometer los principios de independencia y autonomía que deben regir su actuación.
Entre tanto, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez marcó un precedente al asumir su cargo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En un acto que él mismo describió como de “independencia, autonomía y dignidad”, Urbano Martínez optó por tomar posesión ante la Corte y no ante el presidente de la República. Este gesto se produjo en un entorno en el que la Corte Suprema rechazó la condecoración del Gobierno nacional.
El reconocimiento ofrecido, la Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata, está destinado a instituciones que han contribuido durante al menos 20 años al fortalecimiento de las instituciones democráticas del país. La Cancillería, en una carta enviada a la Corte Suprema el 5 de diciembre, justificó la distinción, destacando la labor del tribunal desde su creación en 1886, subrayando sus valores de “imparcialidad, objetividad y relevancia” en el equilibrio de poderes que establece la Constitución.
La negativa de la Corte Suprema a recibir la condecoración se desarrolla en un contexto donde la independencia judicial es vista como un elemento crucial para el funcionamiento del Estado de Derecho. La decisión del tribunal resalta la importancia de mantener una clara distinción entre los diferentes poderes del Estado, asegurando que cada uno pueda operar sin interferencias externas.
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