La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta sobre el estado de 80 vehículos tipo carrotanque adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los cuales se encuentran deteriorados tras meses de inmovilidad en dos municipios del departamento de La Guajira.
La revisión de los vehículos, realizada a principios de diciembre en el Batallón de Ingenieros de Construcciones No. 51 en Maicao y el Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 Cartagena en Riohacha, reveló daños significativos en varios de ellos, que podrían afectar tanto su funcionalidad como la seguridad de los ciudadanos.
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Entre los daños encontrados se incluyen abolladuras en la parte trasera de al menos tres carrotanques, golpes en las defensas traseras y en los costados donde están instaladas las motobombas, lo que representa un riesgo para los operadores.
Además, en el municipio de Uribia, la acumulación de polvo y arenisca, junto con la presencia de partículas salitrosas, ha causado oxidación en los equipos y ha deteriorado las motobombas.
El informe de la Procuraduría también destacó la falta de llantas de repuesto en uno de los vehículos y la ausencia de una motobomba en otro, lo que supone un incumplimiento del Código Nacional de Tránsito y un riesgo para la seguridad vial. La acumulación de arena y polvo en los chasíses debido a la inmovilidad prolongada de los carrotanques también fue una de las principales preocupaciones.
La Procuraduría recomendó a la Ungrd realizar una revisión y mantenimiento exhaustivo de los vehículos para garantizar su estabilidad y seguridad, tanto para los operadores como para las comunidades que recibirán el agua potable transportada por estos tanques. Asimismo, se indicó que los carrotanques serán enviados a un taller en Santa Marta para ser puestos a punto antes de su entrega.
En respuesta, la Ungrd ha confirmado que está en contacto con los beneficiarios de los vehículos, quienes recibirán los carrotanques una vez completada su reparación. La medida busca evitar mayores perjuicios a las comunidades y prevenir un detrimento patrimonial para el Estado.
La Procuraduría subrayó que continuará supervisando el proceso de regionalización y entrega de los carrotanques, asegurando que se realice de acuerdo con los principios de transparencia, objetividad, economía y celeridad. El plazo máximo para la finalización del proceso se ha fijado para el 28 de febrero de 2025.
La Procuraduría le pide a la Fiscalía cárcel para Sandra Ortiz
La Procuraduría General de la Nación ha tomado acciones no solo sobre el estado de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, sino también sobre las personas involucradas en el entramado de corrupción relacionado con la entidad.
El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. Ortiz está siendo investigada por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, vinculados a un caso de corrupción en la Ungrd.
La Fiscalía ha presentado pruebas que indican que Ortiz habría manejado 3.000 millones de pesos de origen ilícito, fondos que habrían sido entregados al expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez. Estos pagos estarían relacionados con sobornos por la adjudicación de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a suministrar agua a las comunidades de La Guajira.
En septiembre de 2023, Ortiz habría recibido 1.500 millones de pesos en efectivo de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, en un apartamento de Bogotá.
Posteriormente, la exconsejera transportó el dinero en un vehículo oficial hasta el norte de la ciudad para entregarlo al congresista Name Vásquez. Al día siguiente, Pinilla Álvarez le entregó una nueva maleta con otros 1.500 millones de pesos, los cuales también fueron llevados al mismo destino.
La Procuraduría respalda la solicitud de la Fiscalía, señalando que Ortiz representa un riesgo para la sociedad y podría obstruir la investigación si se le permite seguir en libertad.
Por este motivo, ha solicitado a la juez tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías que imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad. El delegado del Ministerio Público argumenta que, dada la gravedad de los hechos y la capacidad de Ortiz para influir en los medios de prueba, no existen medidas menos restrictivas que garanticen el adecuado desarrollo del proceso penal.
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