Durante su rendición de cuentas, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que la Procuraduría solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adoptar medidas de reserva para proteger los datos de las víctimas de violencia sexual en el marco del proceso de justicia transicional.
La solicitud busca evitar la divulgación directa o indirecta de la identidad de las víctimas, garantizando su protección frente a posibles riesgos derivados de la exposición pública de su información.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Cabello Blanco explicó que la solicitud de medidas de reserva a la JEP se hizo tras evidenciar que la jurisdicción había determinado, en autos de participación, que la identidad de las víctimas de violencia sexual debía ser compartida con los comparecientes y sus abogados.
Esta decisión, que permitía la divulgación de información sobre las víctimas a quienes eran señalados como responsables directos o por mando, fue considerada una vulnerabilidad para la seguridad de las personas afectadas, lo que motivó el requerimiento para proteger su identidad.
En relación con la decisión de la JEP de permitir que las víctimas participen en las versiones voluntarias únicamente a través de apoderados y mediante una solicitud escrita en la que expresen su intención de ser observadoras o intervinientes, la Procuraduría General de la Nación cuestionó esta medida, considerándola una restricción indebida a la centralidad y al derecho a la participación de las víctimas en el proceso.
La entidad solicitó que no se limitara el acceso directo de las víctimas a las versiones, argumentando que tales pautas vulneran sus derechos fundamentales en el marco de la justicia transicional.
El Ministerio Público instó a la JEP a extender más allá del 31 de diciembre de 2024 la implementación de la estrategia de acreditación, divulgación y pedagogía a nivel nacional.
La Procuraduría advirtió que el plazo fijado por la jurisdicción no sería suficiente para garantizar que todas las víctimas, especialmente aquellas de comunidades históricamente invisibilizadas, puedan acceder a la información y ejercer su derecho a la participación en el proceso de justicia transicional.
La solicitud busca asegurar que los esfuerzos para informar y sensibilizar a las víctimas no se vean limitados por un tiempo que podría resultar insuficiente para cubrir el vasto territorio nacional.
La Procuraduría en su petición hizo referencia al macrocaso 11 de la JEP, el cual examina los crímenes relacionados con la violencia de género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros delitos motivados por prejuicios hacia la orientación sexual, la expresión o la identidad de género diversa, cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano.
Pero esa no es la única petición que la Procuraduría le ha realizado a la JEP, pues a inicios de diciembre le solicitó a la corte que incluya la “toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad con finalidad de explotación” como un nuevo patrón de macrocriminalidad en el marco del macrocaso 01, que investiga a exmiembros del antiguo Bloque Noroccidental de las Farc.
Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, procurador delegado ante la JEP, subrayó que los secuestros llevados a cabo por este grupo armado tenían como objetivo no solo obtener ganancias económicas, sino también obligar a las víctimas a colaborar en actividades que favorecieran a la organización.
La Procuraduría enfatizó en aquella oportunidad que la violencia sexual y de género constituye una estrategia sistemática utilizada por los grupos armados para consolidar su dominio mediante el uso de la fuerza.
La Procuraduría ha destacado la victimización de menores de edad como un aspecto crítico en el marco del conflicto armado. De acuerdo con un informe de La Silla Vacía, al menos seis menores fueron secuestrados, mientras que ocho adultos relataron haber sido privados de la libertad junto a sus hijos pequeños. El Ministerio Público señaló que estos hechos constituyen crímenes de guerra, tal como lo define la Corte Penal Internacional, subrayando la gravedad de la utilización de niños en el contexto de la violencia y los secuestros perpetrados por grupos armados.