La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una investigación disciplinaria contra exdirectivos y funcionarios del Instituto Nacional de Vías (Invías), debido a presuntas irregularidades en la implementación del programa ‘Caminos Comunitarios para La Paz Total’.
Este proyecto, lanzado en septiembre de 2022, buscaba realizar actividades de mantenimiento, mejoramiento, y construcción de estructuras viales y caminos ancestrales en la red vial terciaria del país, con una asignación presupuestal significativa para el cuatrienio.
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Según la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, liderada por Marcio Melgosa, durante la vigencia 2023 se evidenciaron incumplimientos a principios de publicidad, transparencia y planeación en el manejo del programa.
La entidad de control informó que, a pesar de haberse suscrito 1.035 convenios solidarios con organizaciones de acción comunal (OAC) en 521 municipios y 29 departamentos del país, estos convenios, que sumaron un monto de $233.853 millones de pesos, presentaron serias fallas administrativas.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran desembolsos de recursos sin los soportes requeridos, prórrogas injustificadas y la ausencia de estudios técnicos, financieros y contables adecuados.
Adicionalmente, señalaron que gran parte de estos convenios no fueron publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II), lo que podría constituir un incumplimiento al deber de publicidad y vigilancia exigido por la normativa.
La intervención también evidenció fallas en la ejecución física de las obras. En una muestra de 121 convenios revisados, apenas se alcanzó un nivel de cumplimiento inferior al 85%, lo que pone en entredicho la eficiencia de la interventoría contratada.
Estos hallazgos no solo reflejan una gestión deficiente, sino que también generan riesgos para el patrimonio público, dado el manejo inadecuado de los recursos destinados al proyecto.
El programa ‘Caminos Comunitarios para La Paz Total’ fue concebido como una apuesta del Gobierno para mejorar el 33% de la red vial terciaria del país durante el cuatrienio, con una inversión total proyectada de más de 8 billones de pesos.
Sin embargo, las falencias encontradas han generado preocupaciones sobre la transparencia y la efectividad en la utilización de los fondos asignados.
Como parte de la investigación, la Procuraduría ha citado a varios exdirectores del Invías, incluyendo a Mercedes Elena Gómez Villamarín, Juan José Oyuela Soler, y Juan Carlos Montenegro Arjona, quienes ocuparon cargos clave durante la implementación del programa.
Además, también tendrán que responder Luis Fernando Sepúlveda Ortiz, gerente del programa, y varios directores territoriales e interventores cuyo papel en las irregularidades será determinado durante el curso de las investigaciones.
La vigilancia preventiva adelantada por la Procuraduría ha permitido documentar estas inconsistencias, consolidando un expediente que podría derivar en sanciones disciplinarias para los responsables. El ente de control destacó que las acciones irán dirigidas a garantizar que se respete la normativa vigente en materia de contratación pública y que los recursos asignados a proyectos de infraestructura contribuyan efectivamente al desarrollo social del país.
La falta de publicación de convenios en el Secop II, señalada como una de las violaciones más graves, compromete el principio de transparencia en la gestión de los recursos públicos. Este sistema es clave para la supervisión de los procesos contractuales por parte de los órganos de control y la ciudadanía. La omisión de este procedimiento no solo impide el control efectivo, sino que también genera interrogantes sobre la gestión del Invías en este programa específico.
Por su parte, las organizaciones de acción comunal que participaron en los convenios también estarán bajo escrutinio para determinar si hubo irregularidades en el manejo de los recursos recibidos. La Procuraduría enfatizó que los dineros públicos deben ser administrados con rigurosidad y que las entidades responsables tienen el deber de garantizar el cumplimiento de las metas previstas en los proyectos financiados con recursos estatales.
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