En la reanudación de la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Fiscalía General de la Nación ha presentado un grueso paquete de pruebas para sustentar la comisión de los mencionados punibles por parte del joven político, al que el ente acusador le habría demostrado un incremento patrimonial injustificado de $1.053 millones.
Entre las pruebas que tendría en su poder la fiscal Lucy Marcela Laborde, se destacan los testimonios de empresarios y políticos de la costa Atlántica, como los del representante a la Cámara Agmeth Escaf; el contratista Óscar Alberto Camacho Leal, este último, uno de los aparentes aportantes al primogénito del jefe de Estado, que habría recibido dineros que iban supuestamente con destino a la campaña Petro Presidente, pero terminaron en su poder; y Cristian Daes, CEO de Tecnoglass.
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También se encuentran las declaraciones de dos de los personajes claves en este proceso: Samuel Santander Lopesierra, también conocido como el “Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca: que jugarían un papel crucial en el avance del juicio, que durante la jornada del 10 de diciembre continuó con la presentación de los elementos con los cuales se desarrollará el proceso que afrontará el exidiputado del Atlántico.
No obstante, lo que llama poderosamente la atención es que la Fiscalía usará el testimonio de Ángel María Carrillo Salgado, padre de Ángel Carrillo López; que tendría nexos con el clan Vega Daza, según informó Blu Radio, y será investigado por asuntos relacionados por narcotráfico y robo de tierras. Estas conexiones han ampliado el alcance de la investigación acerca de cuáles serían los movimientos del implicado y la gravedad de las acusaciones que pesan en su contra.
El caso contra Nicolás Petro, que destapó al país Day Vásquez
Desde marzo de 2023, Petro Burgos, hijo mayor del primer mandatario, enfrenta una investigación a raíz de una denuncia hecha por su exesposa, Day Vásquez, que trascendió a los medios de comunicación. Entre las pruebas figuraban conversaciones telefónicas con su expareja en las que tuvieron fuertes cruces sobre los aportes económicos presuntamente irregulares recibidos de figuras cuestionadas como Lopesierra e Hilsaca Acosta.
En este caso, cabe destacar que la representación legal de Petro Burgos, a cargo del abogado Alejandro Carranza, intentó posponer el juicio argumentando la necesidad de revisar detalladamente el expediente. “Mi representado y su familia han venido siendo objeto de insultos, improperios, injurias y calumnias a través de las redes sociales, en la calle y sitios públicos”, indicó el letrado en la diligencia del lunes 9 de diciembre.
Sin embargo, el juez Segundo Penal de Barranquilla, Hugo Carbonó, rechazó la solicitud, al citar que ya eran considerables los aplazamientos concedidos a la defensa del hijo del presidente.
“Van ocho aplazamientos y este sería el noveno, o sea, nunca van a dejar a la Fiscalía hacer una simple enunciación probatoria, no es razonable. Se respeta la posición de la defensa, pero no se admite. La audiencia debe seguir. Esto es una orden”, expresó el juez en mención. Mientras que, en lo que respecta a la divulgación de la referida audiencia, Carbonó enfatizó que la misma debe ser pública, pues concentra un interés nacional al tratarse del hijo del presidente.
En este caso, es válido precisar que el jefe de Estado pidió al órgano judicial que las investigaciones se lleven a cabo de forma rigurosa. Mientras que el preacuerdo que se negociaba entre Nicolás Petro y la Fiscalía se cayó, al parecer, por filtraciones que se habrían dado desde la defensa del exasambleista. En su momento, el ente advirtió abogados de Petro sobre los términos de la negociación, pero al no cumplirse, se revocó una decisión que podría haberle otorgado beneficios.
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