
En una decisión que causó una ola de críticas en redes sociales, el juez segundo penal de Barranquilla, Hugo Carbonó, suspendió el miércoles 11 de diciembre la audiencia preparatoria del juicio que se adelanta en contra de Nicolás Petro Burgos: hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y que es acusado de la comisión de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por la recepción de montos de cuestionados personajes que iban, al parecer, destinados a la campaña de su padre.
Carbonó acogió finalmente la solicitud de la defensa del exdiputado del Atlántico de suspender la diligencia, que se llevaba a cabo en el Centro de Servicios Judiciales, y le permitirá al abogado Alejandro Carranza preparar la enunciación del descubrimiento probatorio. En consecuencia, la referida audiencia se reanudará el 13 y 14 de enero de 2025 y como requisito, el primogénito del jefe de Estado, que renunció a lograr un preacuerdo con el ente acusador, debe estar de forma presencial en el recinto.
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En efecto, Carbonó recalcó que está a la expectativa de que el procesado, “de viva voz, hable sobre si acepta o no cargos”. A su vez, al apoderado del exasambleista le pidió que “que venga preparado para la próxima cita”, pues no permitirá más dilaciones en este caso, que ha concentrado la atención del país al tratarse de uno de los hijos del primer mandatario. Con ello, reconoció que el nuevo apoderado de Petro Burgos tiene poco tiempo al frente del proceso y, a su parecer, ha demostrado que no tiene interés en dilatarlo.

De esta manera finalizó el tercer día de audiencia preparatoria, en el que se reiteró que se tendrán en cuenta las declaraciones del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el “Hombre Marlboro”, y de su hija, Mónica Lopesierra, famosa por su remoquete de Kiki. Asimismo, las de Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso “el Turco” Hilsaca, otro de los polémicos aportantes a la especie de “vaca” que tenía Petro Burgos; del representante a la Cámara Agmeth Escaf, del empresario Christian Daes, y el contratista Óscar Camacho.
Los llamados de atención del juez del caso de Nicolás Petro
Es válido precisar que el togado volvió a llamarle la atención a la defensa por las constantes solicitudes de aplazamientos, pues este sería el noveno en curso, aunque también dejó en claro que si la audiencia no se fija “cada ocho días ni cada 10 días”, es por la incapacidad de que sean con mayor frecuencia.
“Entiéndase también la carga que soporta el juzgado, en el cual si se consulta su página se van a percatar que diariamente estamos soportando 456 audiencias diarias. No es fácil encontrar espacios para programar esta audiencia. Por eso estoy exhortando a los intervinientes, especialmente a la defensa, para aprovechar ese tiempo que el juzgado sacrifica, por decirlo así, para programar esta audiencia y se agoten los ritos procesales pertinentes, con el respeto de cada uno de los intervinientes”, expresó el juez.

Además, también se expresó con dureza en contra de la fiscal Lucy Marcela Laborde, debido a las intermitencias durante la diligencia, cuando en uno de los instantes tuvo algunas dificultades con su conexión a la diligencia en mención. “Si está pidiendo el uso de la palabra, señora fiscal, por favor, cuando sea así, manifieste si necesita un... porque van a pensar que se ha suspendido la audiencia”, afirmó el togado, cuando pidió un lapso para cambiar de dispositivo.
En el caso, la fiscal Laborde señaló que cuenta con dos gigas de información acerca de las interceptaciones que telefónicas que se hicieron en este caso, y analizará los movimientos que se habrían hecho con la compra de activos y criptomonedas, en un caso en el que se habría enriquecido en más de $1.053 millones. Se añaden a la investigación a cargo de la delegada del órgano judicial algunas transacciones que se habrían hecho con empresas que operan en intercambio de divisas y monedas extranjeras en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla.
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