Gustavo Petro respondió a la solicitud de Coljuegos de bloquear perfiles de ‘influencers’: “No puede haber elusión de impuestos”

El Gobierno colombiano envió una solicitud oficial a Meta Platforms, Inc. en California, dirigida al CEO Mark Zuckerberg, solicitando la suspensión de 289 cuentas en redes sociales como Facebook e Instagram.

Estos perfiles, que pertenecen a varios influencers de renombre, como Epa Colombia, La Liendra y Yeferson Cossio, han sido asociados con la promoción de casas de apuestas internacionales no reguladas en Colombia.

La acción se enmarca dentro de una estrategia del Estado para combatir este tipo de publicidad no autorizada.

Frente a dicha solicitud, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, escribió en su cuenta de X que “no puede haber elusión de impuestos”.

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La petición de restricción abarca no solo a las cuentas más prominentes, sino también a otras menos conocidas que igualmente participan en la difusión de estos juegos sin contar con la autorización necesaria. Entre los influyentes señalados en la solicitud figuran nombres como Javier Arias Stunt, Marcela Reyes, Anthony Cárdenas TV, Karina García y Kymberly Vesga.

Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, explicó que la solicitud fue enviada tanto al Centro Cibernético Policial como a Meta, debido a que se ha identificado que varios de los perfiles mencionados han estado promoviendo actividades ilegales como rifas, bingos y apuestas, en especial en plataformas como 1XBet.

Estas prácticas son consideradas una infracción a las leyes colombianas, ya que operan sin las licencias requeridas y eluden el sistema tributario, impidiendo que los recursos derivados de estos juegos contribuyan al financiamiento del sector salud en el país.

Es por ese motivo que el presidente Gustavo Petro reaccionó firmemente ante la situación, señalando que no puede permitirse la elusión de impuestos en los juegos de suerte y azar en línea.

Según Petro, cualquier página que promueva estos juegos se convierte en cómplice de la evasión tributaria. Además, destacó que, de acuerdo con la Constitución, los juegos de suerte y azar son un monopolio exclusivo del Estado, cuyo propósito es generar ingresos que se destinan de manera exclusiva al sistema de salud del país.

“No puede haber elusión de impuestos en los juegos de suerte y azar en línea. Página que los pregone convierte a su dueño en un cómplice de la elusión tributaria Los juegos de suerte y azar son un monopolio rentístico de la nación, según la constitución, y sus impuestos van exclusivamente para la salud”, escribió el presidente de la República por medio de su cuenta de X.

Y es que, las actividades ilegales de apuestas tienen un impacto considerable, tanto en lo económico como en el ámbito regulatorio. Se calcula que las rifas no autorizadas podrían ocasionar una pérdida anual de alrededor de 70.000 millones de pesos en ingresos fiscales. Este dato resalta la urgencia de enfrentar las apuestas ilegales, las cuales no solo afectan las finanzas del Estado, sino que también dañan la economía del país.

La acción tomada por Coljuegos responde a la creciente preocupación por la expansión de las apuestas ilegales en línea, las cuales se han intensificado en los últimos años gracias a su fácil difusión en redes sociales. El Gobierno asegura que esta medida es solo el primer paso en una serie de acciones para regularizar el sector de juegos de suerte y azar, una industria que hasta ahora ha estado marcada por la falta de control y formalidad.

Por otro lado, en el contexto de las acciones para regularizar el sector de las apuestas y juegos de azar, el Gobierno también está impulsando una reforma tributaria que se tramita en el Congreso. Según el documento, se prevé que el segmento de las apuestas en línea, uno de los sectores más polémicos de la economía colombiana en los últimos tiempos, comience a estar sujeto al cobro del IVA.

Esta medida busca no solo incrementar los ingresos fiscales, sino también formalizar y regular el sector, alineándose con la estrategia para frenar las apuestas ilegales y garantizar que los recursos se destinen adecuadamente al sistema de salud.