En las comisiones primeras conjuntas de la Cámara de Representantes y Senado de la República se llevó a cabo el debate de la jurisdicción agraria, proyecto que busca implementar un tribunal que resuelva de manera exclusiva y especializada los conflictos agrarios y rurales en Colombia.
El proyecto del Gobierno Petro ha tenido varios reparos por diferentes congresistas, especialmente el artículo 4, ya que muchos legisladores aseguran que abría la puesta a una “expropiación exprés”.
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No obstante, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia aseguró que ese artículo ya fue modificado. “La expropiación exprés se acabó porque todos los procesos de expropiación tienen fase judicial, es decir, el Estado no tiene cómo quitarles a las personas la propiedad por vía administrativa”, explicó la senadora de oposición.
En entrevista con Caracol Radio, la congresista aseguró que “haber sacado la expropiación y la extinción de dominio absolutamente a vía judicial, nos tranquiliza, porque obviamente lo que era muy peligroso era un gobierno decidiendo a quién le expropia, esto ayuda a que el ciudadano tenga la tranquilidad de que el debido proceso se va a respetar”.
Paloma Valencia también se refirió a los terrenos baldíos que ingresen a disputa. La senadora de oposición explicó que ese proceso tendrá una fase judicial adicional con el propósito de que sean los jueces quienes definan si se trata de un terreno baldío o no.
“Esas clarificaciones las van a llevar los jueces de la República. Y eso garantiza el debido proceso para que la gente pueda defender su propiedad, su tenencia, su posesión y podamos tener garantías del debido proceso”, afirmó la senadora.
En entrevista con Caracol Radio, Paloma Valencia indicó lo siguiente: “Respecto al tema de los terrenos baldíos es complicado, porque recordemos que en los orígenes las tierras en Colombia eran baldíos, cédulas reales o resguardos indígenas, entonces hay una proporción muy grande del país que son simplemente baldíos, nadie sabe qué proporción es y han salido diferentes políticas respecto a este tema, hay un enredo monumental, pero lo que logramos es que el ciudadano puede irse a la fase judicial, para no politizar la persecución de la propiedad de la persona”.
La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia también se refirió a la eliminación de la “expropiación exprés” de la jurisdicción agraria.
“La ‘permanencia agraria’ permitía invadir y quedarse en una tierra. Ahora hablamos de ‘posesión pacífica, ininterrumpida y pública’, corrigiendo ese error. Un cambio clave en el enfoque del artículo”, indicó Valencia.
La senadora ya había expresado su preocupación por la radicación del proyecto de jurisdicción agraria por parte del Gobierno Petro.
Según la congresista, esta iniciativa legalizaría la invasión de tierras, reviviría la expropiación express que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional, y abriría las puertas a una persecución contra los propietarios del campo.
En cuanto a lo que ve como una posible invasión/expropiación de tierras, señala: “Bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, pueda desalojarlos. Este mecanismo otorgaría protección legal a los invasores y debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos”.
La congresista afirmó también que se revive, sin claridad, el principio del más débil en las zonas rurales de Colombia: “A pesar de que la Corte Suprema solicitó la eliminación del principio de protección al más débil en el campo, el Gobierno insiste en incorporarlo. Esta medida plantea una cuestión fundamental: ¿quién es realmente el débil? ¿El que invade o el que es invadido? ¿El que cosecha o el que vende?”.
Frente al sector minero-energético, Valencia señaló que el Gobierno propone que todas las controversias comerciales relacionadas con la producción de alimentos, productos agrarios, y recursos naturales no renovables, como carbón y petróleo, sean resueltas en esta jurisdicción agraria, pese a que ya existen jueces especializados para ello. “Esto plantea serias dudas sobre el futuro del sector minero-energético en el país”, expresó.