
En la tarde del jueves 5 de diciembre de 2024, se conoció el análisis elaborado por el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud en el que se conoció un panorama alarmante sobre la situación financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas en Colombia.
Según el informe, las Empresas Sociales del Estado (ESE), encargadas de garantizar el acceso a servicios de salud, enfrentan un déficit presupuestal persistente, un crecimiento preocupante de la cartera y una alta proporción de entidades bajo programas de saneamiento fiscal.
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Crecimiento de la deuda y déficit presupuestal
El estudio detalló que la deuda total de las IPS públicas alcanzó los $12.4 billones en 2023, lo que reflejó un incremento del 47,4% desde 2018.
Este aumento, atribuido a problemas estructurales y al impacto de la pandemia de COVID-19, generó una presión sin precedentes sobre estas instituciones; además, solo el 72.5% de los ingresos reconocidos por las ESE en 2023 fue efectivamente recaudado, lo que agudizó el desequilibrio entre ingresos y gastos.
El déficit presupuestal comprometido alcanzó los $2.1 billones en 2023, un aumento significativo en comparación con los $1.8 billones registrados en 2022. Estos déficits ponen en evidencia la insuficiencia del flujo de recursos para cubrir las obligaciones adquiridas, comprometiendo la operatividad de las IPS públicas.

Expansión de los programas de saneamiento
El número de ESE en programas de saneamiento fiscal y financiero aumentó de 106 en 2019 a 281 en 2024, lo que representa un crecimiento del 165%.
Este grupo ahora equivale al 30,5% del total de ESE, un indicador preocupante de la falta de viabilidad financiera en el sector, incluso, estas instituciones están distribuidas desigualmente, con Antioquia liderando en cantidad, concentrando el 22,8% de las ESE en esta situación.
Distribución por niveles de atención
Aunque el 73,3% de las ESE pertenece al primer nivel de atención, que incluye servicios básicos y de baja complejidad, son las de tercer nivel, enfocadas en alta complejidad, las que concentran el 40,9% de la deuda total, equivalente a $5 billones.
Este desbalance pone de manifiesto la presión financiera que enfrentan las instituciones más especializadas, a menudo responsables de tratamientos costosos y de mayor complejidad.

Impacto del gasto y los ingresos reconocidos
El gasto comprometido en 2023 ascendió a $23.8 billones, un incremento del 20.1% respecto a 2022. Este aumento se suma a los retos que enfrentan las ESE para equilibrar sus cuentas.
Los ingresos reconocidos, por otro lado, llegaron a $25.7 billones, pero solo una fracción se recaudó efectivamente, por lo que, según el informe, este desfase resalta la urgencia de implementar mecanismos de cobro más efectivos para asegurar la sostenibilidad financiera del sector.
Categorización del riesgo financiero
El 62,8% de las ESE fueron clasificadas en categorías de riesgo bajo, medio o sin riesgo, mientras que el 37,2% restante se encuentra en riesgo alto, en programas de saneamiento fiscal, incumplimiento o acuerdos de reestructuración.
Esta proporción muestra una ligera mejora respecto a años anteriores, pero no es suficiente para revertir la tendencia general de deterioro financiero.
El informe concluyó que, para garantizar la sostenibilidad de las IPS públicas, es necesario fortalecer las capacidades administrativas y financieras del sector, mejorar los procesos de recaudo, y diseñar estrategias que permitan reducir la deuda acumulada.
Además, se recomendó priorizar la inversión en infraestructura y recursos humanos, especialmente en las regiones más vulnerables.
Por lo tanto, Así Vamos en Salud instó a los actores del sistema de salud a tomar decisiones informadas basadas en estos análisis, fomentando un diálogo que permita avanzar hacia un sistema más transparente y equitativo. Para más detalles, el informe completo está disponible en el sitio web del centro de pensamiento.
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