
No se detiene la tensión política en el departamento de Antioquia, después de que la Asamblea departamental aprobara la iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón de cobrar a todos los antioqueños, a partir del 2025, una nueva tasa de seguridad que aparecerá en los recibos de servicios públicos.
De hecho, después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asegurara públicamente que no acatará el nuevo impuesto departamental, en la mañana de este jueves 5 de diciembre el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, también le dio la espalda al Rendón.
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Según indicó el expresidente, la nueva tasa de seguridad que empezarán a percibir los antioqueños desde 2025 no será la mejor opción para conseguir los recursos que pretende obtener el gobernador y, por el contrario, estaría ocasionando un grave daño en las relaciones entre dirigentes regionales y locales del departamento, como en el caso del distanciamiento que se empieza a ver con el alcalde Fico Gutiérrez.
Incluso, Uribe se fue contra el gobernador del departamento, asegurando que no agotó los recursos disponibles para llegar acuerdos con el mandatario de Medellín que, finalmente, sería uno de los principales aportantes a la nueva cuota de seguridad.

“Decidieron sin mayores esfuerzos para buscar consensos. Es posible que lo que necesitan no lo consigan, pero es seguro que afectan la relación con aliados y también el interior de la colectividad. La ciudadanía sanciona que se haga lo mismo que se critica”, escribió el expresidente en su cuenta de X.
De hecho, la pelea interna al interior del partido se ha intensificado en las últimas horas, pues otros políticos del Centro Democrático también se despacharon contra el gobernador Rendón, a pesar de las extensas explicaciones que ha dado sobre el nuevo impuesto que aplicará a los antioqueños.
Tal fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid. A través de un comunicado, el congresista señaló que, aunque concuerda con las intenciones de mejorar la seguridad a nivel departamental, los mecanismos utilizados por el gobernador no son los más acertados.
Cadavid destacó que la intención de fortalecer la seguridad es clara, pero es fundamental contar con el respaldo de la sociedad para validar cualquier decisión que implique nuevas contribuciones de los ciudadanos.

“Colombia es uno de los países que más cobra impuestos a los ingresos salariales de las personas naturales y las empresas, por lo que es apenas comprensible el reclamo ciudadano ante la posibilidad de una nueva obligación tributaria, que con toda la virtud pedagógica debe ser explicada y sensibilizada”, comentó el representante.
Cadavid indicó que el planteamiento de una nueva obligación fiscal, como la tasa de seguridad, ha despertado inquietud y malestar entre los antioqueños. Además, señaló que ese descontento público podría socavar la legitimidad de la propuesta.
“Un propósito por loable que sea, como efectivamente es el fortalecimiento de la seguridad, no debe ir en detrimento del consenso de la ciudadanía antioqueña, por el contrario, esa es la principal virtud que debe tener y a la vez ser su mayor legitimador”, continuó el congresista.
Medellín y Antioquia se han destacado por su capacidad de innovación cívica y administrativa, alcanzando importantes logros en el ámbito de la gobernanza local. Sin embargo, Cadavid advierte sobre el riesgo de que decisiones unilaterales, sin un amplio consenso ciudadano, provoquen divisiones en momentos críticos para el país, por lo que hizo un llamado a priorizar el diálogo y la participación de la comunidad en decisiones que impacten directamente en su vida cotidiana.
“No permitamos que por hacer lo que en muchas ocasiones rechazamos, se propicien fracturas que no queremos ni necesitamos en uno de los momentos más desafiantes que sufre Colombia”, concluyó el representante Hernán Cadavid.
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