María Fernanda Cabal exigió investigaciones exhaustivas tras las confesiones de compra de votos hechas por exasesora del Ministerio de Hacienda

María Alejandra Benavides, ecx asistente del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló información que según la senadora María Fernanda Cabal, confirma las sospechas previas sobre la compra de votos para asegurar mayorías en el Congreso y aprobar proyectos de ley.

Cabal sostiene que estas prácticas van en contra del derecho al desarrollo del país, impulsadas por una propaganda que ha resultado efectiva bajo el lema del ‘cambio’.

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La senadora Cabal, en declaraciones recientes, señaló que Benavides no es quien toma las decisiones, sino que actúa bajo las directrices de su superior, en ese momento el ministro Ricardo Bonilla.

Según Cabal, lo que Benavides ha expuesto es un reflejo de lo que ya se conocía: la compra de votos para obtener mayorías y aprobar proyectos legislativos que, a su juicio, perjudican el desarrollo del país.

“Esta muchacha es la que termina enredada y ella lo sabe ella no toma decisiones. Ella no dirige ella, simplemente es un operador que obedece a las decisiones de su jefe a las directrices de su jefe ministro lo que está develando es lo que ya sabíamos aquí, se compraron votos para tener mayorías y para pasar unos proyectos de ley o de acto legislativo realmente en contravía de el derecho, al desarrollo de un país, todo repleto de ideología todo impulsado por una propaganda que les resultó efectiva que era la propaganda del cambio y terminamos pagando todo con el empobrecimiento o más bien el decrecimiento a lo Irene Vélez esta muchacha”, dijo la senadora.

Cabal también mencionó que Benavides podría estar buscando eximirse de responsabilidades al revelar esta información. La senadora espera que las investigaciones no se detengan en Benavides, sino que continúen hacia niveles superiores, como debería ocurrir en otros casos de corrupción. “Lo fácil que le queda ahora es contar todos para que la eximan de responsabilidad alguna ver cómo en la negociación”, fueron palabras de la congresista.

“No sé hasta dónde se lo saben los penalistas pueden decir que ella contribuyó colaboró, pero siempre es igual, ojalá que esto no termine en ella, sino que sigan hacia arriba como tiene que pasar en otros escenarios de corrupción”, finalizó Cabal.

El contexto de estas declaraciones ocurre en un clima político donde las acusaciones de corrupción y manipulación política son frecuentes. La compra de votos es un tema recurrente en el debate público, y las revelaciones de Benavides han reavivado la discusión sobre la integridad del proceso legislativo.

La senadora Cabal ha sido una crítica constante de lo que considera un uso indebido del poder político para impulsar agendas ideológicas que, según ella, no benefician al país. Sus declaraciones muestran la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ha solicitado protección tras recibir amenazas luego de sus declaraciones que han sacudido el ámbito político en Colombia. Benavides ha implicado a Bonilla en un esquema de compra de votos para asegurar la aprobación de proyectos de ley y créditos internacionales, según sus testimonios.

En sus declaraciones, Benavides ha señalado que Bonilla estaba al tanto de las operaciones de compra de votos y que utilizó su posición para autorizar contratos millonarios a cambio de apoyo político. Ella afirma que Bonilla le delegó la tarea de contactar a funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para desviar recursos hacia congresistas que votaran a favor de los intereses del Gobierno.

Los audios revelados por Benavides sugieren que Bonilla tenía conocimiento de los contactos y acuerdos realizados para desviar recursos. Según ella, Bonilla la utilizó para conseguir que los congresistas de las comisiones económicas impulsaran conceptos favorables al Gobierno a cambio de sobornos.

La situación ha puesto en el centro de atención la integridad de las prácticas políticas en Colombia y ha intensificado las demandas de transparencia y rendición de cuentas en el Gobierno.