Con un video enviado a los medios, el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció el miércoles 4 de diciembre sobre el caso por el que se le sindica: la supuesta compra de votos de los congresistas que hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), con contratos entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para que se aprobaran en este ente multimillonarios créditos en favor del actual Gobierno.
Bonilla, que previamente accedió a la solicitud que vía redes sociales le hizo el primer mandatario, al presentar su carta de renuncia a la cartera, quiso explicar de viva voz la situación que afrontará ahora que ya se desvinculó del Ejecutivo. Y en medio de las duras acusaciones que han hecho María Alejandra Benavides, exasesora de su despacho, el exdirector de la Ungrd Olmedo López y el exsubdirector del manejo del Riesgo Sneyder Pinilla, como el presunto direccionador de millonarios montos.
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“Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa pendiente solo de fecha”, afirmó Bonilla en un video de apenas 51 segundos, con el que le dio la cara al país.
Así se acordó la salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda, según el exfuncionario
De acuerdo con el ex ya exministro su salida del gabinete se concretó en San Andrés islas, cuando él, como miembro del equipo de Gobierno, acompañó a Petro en el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe. “Ayer (martes 3 de diciembre) fue concertada”, reiteró Bonilla, aunque según pudo conocer Infobae Colombia su intención de irse del Ejecutivo venía gestándose desde el fin de semana del 1 de diciembre, cuando se conoció el revelador testimonio de Benavides.
“Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis administradores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública”, puntualizó el exjefe de la dependencia encargada de las finanzas de la nación, que duró un mes y siete meses en el cargo.
Bonilla es señalado de ordenar la entrega, desde la Unidad de Gestión, de al menos tres grandes contratos, por más de $92.000 millones, para las poblaciones de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en el que el grupo de parlamentarios involucrados en este escándalo tendría intereses. A cambio, los congresistas habrían ofrecido conceptos favorables para que el Ejecutivo gestionara créditos; un total de 13 en los últimos 18 días de labor legislativa en 2023.
“La decisión de la Sala, relacionada con presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso, así como con presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en la Ungrd, concierne a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera”, precisó la Corte Suprema.
Es válido precisar que los citados parlamentarios fueron llamados a rendir indagatoria debido a que se tuvieron en consideración más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de 10 pruebas testimoniales; entre ellas las de Benavides, López y el exsubdirector del manejo del riesgo de desastres Sneyder Pinilla. Este es un caso que concentra la atención nacional, debido a que Bonilla era uno de los funcionarios de más alto rango del Gobierno.