Quienes se excedan en la legítima defensa durante un robo serán puestos en cintura: este es el artículo avalado en la reforma a la justicia

En la noche del 2 de diciembre de 2024, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate la reforma a la justicia, una iniciativa liderada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

La propuesta pretende agilizar los procesos penales, así como la descongestión en el sistema acusatorio que, por medio de los principios de oportunidad y colaboraciones, se puedan tener mejores opciones para combatir el terrorismo.

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Sin embargo, la iniciativa ha recibido bastante críticas por varios sectores políticos y judiciales del país. Uno de los puntos que contempla el articulado es la eliminación del principio de oportunidad para aquellos que se exceden en el uso de la legítima defensa en un caso de hurto.

Uno de los férreos críticos fue el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien señaló que esta propuesta envía un mal mensaje a la sociedad colombiana.

“Piénsese en el ciudadano de a pie, que acata las normas y que será sancionado si se sobrepasa en la protección de sus derechos ante una agresión, comparado con el delincuente que ha hecho del crimen su modelo de vida y que sí permanece cobijado con beneficios para continuar delinquiendo”, explicó el líder de Cambio Radical en su columna de opinión publicada en El Tiempo.

Según lo estipulado en la legislación colombiana, se puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal del acusado, si este negocia con la víctima a través de un acuerdo. No obstante, con su eliminación, el dirigente político manifestó que abre el espectro a otras causales con las que se podrían obtener el principio de oportunidad.

“Cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación, si la desproporción significa un menor valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad”, menciona la causal 15 del artículo 345 del Código de Procedimiento Penal.

El abogado penalista, Francisco Bernate, celebró la inclusión de este cambio contemplado en la reforma a la justicia.

“Por ejemplo, en una riña, cuando me están atacando con puños y yo saco un arma de fuego y mato a la persona. O cuando me están robando y reacciono cogiendo a tiros al presunto ladrón. Ahí hay un exceso de la legítima defensa, una causal que, si bien no elimina del todo la sanción penal, sí la reduce sustancialmente (...) Se va a exigir una reparación para que le pueda ser aplicado el beneficio. En el peor de los casos se le condenará con una sanción atenuada”, mencionó el jurista a El Tiempo.

Entre tanto, el abogado Hollman Ibáñez calificó de exagerada la decisión de eliminar la causal mencionada. “Una persona que se excede en la legítima defensa no es un delincuente, es un ser humano que se equivocó. Es exagerado asignarle responsabilidad plena y cobijarlo a un régimen que tendría cualquier otro delincuente”, declaró al citado medio de comunicación.

El proyecto busca agilizar la administración de justicia en Colombia en materia penal, con la inclusión de mecanismos de reparación integral, definición de beneficios por allanamiento a cargos y preacuerdos.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, agradeció el respaldo de los senadores y explicó que esta iniciativa responde a los intereses de todos los colombianos. “Les doy mi palabra de juez que es una buena reforma y estoy dispuesto a estar aquí frente a ustedes a responder en dos años con los resultados con cifras, les vamos a demostrar que en esos casos los niveles de impunidad y la congestión judicial se van a reducir de manera significativa”, comentó en la plenaria.

Durante el debate, se debatió el artículo que contempla preacuerdos con personas vinculadas al terrorismo, con el propósito de desarticular estructuras terroristas, algo que fue cuestionado por el senador Jonathan Pulido, más conocido como Jota Pe Hernández.

“Si se les están entregando beneficios a los terroristas, a los financiadores del terrorismo, a los secuestradores, si hay un beneficio de rebaja de hasta la mitad de la pena en los artículos ahí previstos”, expresó.

Sin embargo, los ponentes y altos funcionarios de la justicia aseguraron que el punto pretende acabar con las estructuras terroristas, por lo que fue acogido por gran mayoría de los parlamentarios.

Por el momento, la reforma a la justicia pasó a sus dos discusiones en la Cámara de Representantes, donde se espera también sea aprobada sin mayor complicación.