Qué son los cupos indicativos, el dinero de la corrupción que tiene en jaque a Ricardo Bonilla y manejan los congresistas

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, resultó salpicado por el reciente escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Exactamente, la exasesora de la cartera María Alejandra Benavides lo vinculó a presuntas tramas de corrupción en la entidad, así como en lo que serían contrataciones ilegales en la hidroeléctrica de Urrá.

Benavides aseguró ante la Fiscalía que el ministro habría sido una de las figuras clave en una operación presuntamente diseñada para aprobar rápidamente créditos internacionales en diciembre de 2023. Según ella, parte de estos recursos se habrían destinado a la supuesta compra de votos de congresistas.

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Ante esto, Bonilla respondió que “voy a asumir la defensa, lo que se está diciendo tiene muchas especulaciones. Aquí no hay cupos indicativos y compra de congresistas”, con lo que desestimó las versiones que lo vinculan con irregularidades.

Sin embargo, el 4 de diciembre, el presidente Gustavo Petro, por medio de X, solicitó la renuncia del funcionario.

Lo hizo por medio de X, en donde hizo una férrea defensa de él al insistir en que no es culpable del caso de corrupción: “Espero, por tanto, la renuncia de un gran compañero y profesor honesto, el doctor Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá Humana, que la dejó en su mejor momento financiero, y gran ministro de Hacienda, que sacó a Colombia de la recesión por el sobre endeudamiento que dejó Duque”, escribió el presidente en medio de la incertidumbre de lo que pasará más adelante con el escándalo en la Ungrd.

Asimismo, Petro recordó que la práctica de los cupos indicativos o auxilios parlamentarios se ha repetido por años, desde que la denunció en 2001, y aunque declarados como inconstitucionales por la Corte mucho tiempo después del debate que hizo, siguieron haciéndose bajo su designio por las leyes de Colombia: “Por eso los narcos han hecho leyes, pues solo necesitan dinero para ello. Por eso los asesinos de su propio pueblo han hecho leyes. Por eso la corrupción ha matado tanta democracia y tanta gente”.

Insistió en que todo ministro de Hacienda ha sido chantajeado y extorsionado desde el Congreso. “El congresista también cree que es normal, que es obvio, pues así se ha hecho siempre la política, dicen. Es decir, que la política colombiana es inconstitucional y delictiva”, manifestó.

Y Petro, en gran parte, tiene razón. La polémica en torno a los cupos indicativos en Colombia ha sido objeto de debate y crítica. Estos son un mecanismo con el que cuenta el Gobierno nacional para gestionar en el Congreso sus intereses, al mismo tiempo que son un mecanismo para que los congresistas muestren la gestión de proyectos en sus regiones, como lo expone el analista político y económico Alberto Abello en una reciente columna de opinión publicada en El Nuevo Siglo. En esta, dejó entrever que los cupos, concebidos originalmente como una herramienta para la asignación de recursos a proyectos locales, se generaron en actos de corrupción a gran escala.

“La perversión del sistema ha dado lugar a una corrupción rampante”, sostuvo. Expuso que lo que oculta este fenómeno impacta de manera negativa a la política colombiana.

Remarcó que es fundamental entender el origen de los cupos indicativos, que derivan de los antiguos auxilios parlamentarios eliminados por la Constitución de 1991. Describió que estos auxilios, aunque inicialmente bien intencionados para promover el desarrollo nacional, se convirtieron en un medio para la corrupción, ya que permitieron a los congresistas manejar de manera directa parte del presupuesto del Estado. Abello apuntó que “los escándalos fueron numerosos”, por lo que resaltó cómo la eliminación de estos fue vista como un avance en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la eliminación no detuvo de todos los comportamientos corruptos, ya que los cupos indicativos, según la columna, perpetuaron prácticas similares. “El legislador ahora define a qué alcalde se le asigna la obra y puede influir en la elección del contratista”, lo que fomenta una red de influencias que, aunque no siempre del mismo grupo político, acepta un reparto conveniente de los recursos. También resaltó la sofisticación de estas prácticas: “Empresas se especializan en borrar la huella de los delitos”, lo que permite que el sistema corrupto siga operando con impunidad.

Alberto Abello apuntó que estas malas prácticas influyen no solo en la economía, sino también en la calidad de las obras públicas. La corrupción en el manejo de los cupos indicativos, según él, “ha contribuido a ensuciar y encarecer la política”, lo que afecta de manera directa la infraestructura de las regiones y, por ende, la calidad de vida de sus ciudadanos.

También, destacó la necesidad de democratizar el sistema político colombiano. “Es preciso abolir la figura del senador nacional”, enfatizó, al sugerir que cada departamento debería tener representación parlamentaria equitativa para contrarrestar la corrupción. Esta recomendación están dentro su deseo de que el proceso político sea más inclusivo y menos dependiente de prácticas corruptas que, hasta ahora, marcaron el camino de muchos políticos en el Congreso.

La crítica hacia el sistema no se detiene en el papel de los legisladores. Abello también menciona el papel del elector corruptible, en ocasiones atrapado en una cadena de favores y reciprocidad que permite la subsistencia de estos esquemas. En el análisis, apuntó que los “pactos entre candidatos al Senado y gobernadores” solidifican estas prácticas, lo que satisface las redes de clientelismo y perpetúa el ciclo vicioso.

En la columna, Abello puntualizó que los fondos movidos por medio de esta red corrupta alcanzan cifras millonarias que alteran la eficacia y transparencia del sector público. Además, advirtió que la manipulación de los procesos de contratación pública degrada la política nacional aún más, impactando de manera directa a las regiones y los habitantes. Con base en la percepción de Abello, “este es un problema estructural que debe resolverse” para garantizar un futuro más justo y transparente en la administración pública de Colombia.