En unas declaraciones que no pasaron desapercibidas en redes sociales, y que incluso fueron entendidas por algunos de los usuarios de las redes sociales como una imprudencia de su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, salió en defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: acusado por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López y María Alejandra Benavides, su exasesora en la cartera, de comprar congresistas.
Petro, durante un evento en San Andrés, el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, salió a poner el pecho por uno de sus funcionarios, pese a que en su contra se le señala de haber torcido los votos de al menos cinco congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), y un exmiembro del órgano legislativo, a los que se les habría dado a cambio contratos por el orden de los $92.000 millones en Arauca, Córdoba y Bolívar.
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“No les gusta el ministro de Hacienda y lo macartizan y lo quieren descuartizar, cuando ellos mismos hicieron lo que le critican al ministro. Durante décadas han sacado centenares de miles de millones de pesos del erario para comprar congresistas que yo conocí”, dijo Petro, lo que generó todo un revuelo en las redes sociales, entre quienes entendieron sus declaraciones como una especie de confesión de las conductas que habría cometido Bonilla para obtener los votos necesarios.
Gustavo Petro “reencauchó” denuncias por cupos indicativos
En sus afirmaciones, Petro recordó cómo, según él, hizo una denuncia en su época de representante a la Cámara en la que relacionó una serie de congresistas, que tenían códigos secretos en uno de los computadores de la presidencia, para entregar lo que se conocían en ese entonces como cupos indicativos; siendo el primer mandatario Andrés Pastrana Arango, y su ministro de Hacienda el hoy nobel de Paz y ex jefe de Estado Juan Manuel Santos.
“¿Y la denuncia? El fiscal Luis Camilo Osorio, al servicio del paramilitarismo, la calló porque parte de los cupos indicativos que se entregaban a los congresistas iban a hacer letrinas en los municipios de Colombia, en la costa, sobre todo. ¿Y quién iba a controlar si se hizo una letrina o no? La plata no solo se la robaban, sino que iban a financiar el paramilitarismo en Colombia para matar pobres campesinos y desplazarlos para quitarles la tierra también”, afirmó el jefe de Estado.
Según el jefe de Estado, esto era una especie de “rosca” que terminaba en un único final, “la muerte del pueblo” y “la plata para comprar electores”. De ahí la actitud, en su concepto, de los críticos de su Gobierno; pese a que a medida que pasan los días aparecen más testimonios que incriminarían a su titular de Hacienda –que reemplazó desde mayo de 2023 a José Antonio Ocampo– como uno de los determinadores del direccionamiento de contratos para privilegiar a los parlamentarios.
Es válido precisar que los congresistas de la Cicp investigados por la Corte son los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar, y los representantes Julián Peinado, Karen Manrique y Wadith Manzur, al igual que el excongresista Juan Diego Muñoz. Un caso distinto al que protagonizan los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, señalados ambos de recibir $3.000 y $1.000 millones, respectivamente, de coimas de la Ungrd.
Sobre su permanencia en el Gobierno, el propio Bonilla entregó unas declaraciones desde la isla, en la que dio pie para una serie de interpretaciones: entre quienes lo vieron como su despedida del gabinete, y los que la entendieron como una ratificación. “Voy a asumir la defensa, lo que se está diciendo tiene muchas especulaciones. Aquí no hay cupos indicativos y compra de congresistas”, expresó el jefe de la cartera.