La Corte Suprema de Justicia de Colombia allanó la oficina de la congresista Karen Manrique a las 8 de la mañana del día 4 de diciembre, en medio de una investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Este escándalo ha salpicado a varios altos funcionarios, incluyendo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a miembros de la Comisión de Crédito Público.
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La investigación se centra en la presunta participación de Manrique en un esquema de corrupción que involucra la desviación de recursos públicos a través de contratos fraudulentos.
Según las autoridades, Manrique habría facilitado la aprobación de operaciones de crédito público a cambio de beneficios personales, utilizando su posición en la Comisión de Crédito Público para influir en la asignación de contratos de la Ungrd.
El allanamiento de la oficina de Manrique es parte de una serie de acciones judiciales que buscan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.
La Corte Suprema ha citado a varios congresistas y funcionarios para que rindan declaración sobre su participación en el escándalo. Entre los citados se encuentran Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur y Julián Peinado, quienes también forman y formaban parte de la Comisión de Crédito Público.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido señalado como uno de los principales beneficiarios del esquema de corrupción.
Según testimonios recopilados por la Fiscalía, Bonilla habría utilizado su posición para autorizar desembolsos millonarios a la Ungrd, a cambio de favores políticos y beneficios personales.
En audios revelados recientemente, una exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, afirmó que Bonilla estaba al tanto de los contactos y acuerdos que se realizaban para desviar los recursos.
La defensa de Manrique, encabezada por el abogado Andrés Garzón, ha argumentado que su clienta no ha cometido ningún delito y que las reuniones y aprobaciones de crédito fueron legítimas.
Garzón ha solicitado a la Corte Suprema que se llame a declarar a otros altos funcionarios mencionados en el escándalo, incluyendo a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y a otros servidores públicos que podrían tener información relevante sobre el caso.
El presidente Gustavo Petro también ha sido involucrado en la investigación, ya que la Corte Suprema ha ordenado que responda un cuestionario sobre su conocimiento y participación en los hechos. Petro deberá remitir una declaración por escrito a la Sala de Instrucción del alto tribunal, en la que se espera que aclare su papel en el escándalo y proporcione información clave para el avance de la investigación.
El escándalo de la Ungrd ha generado una gran conmoción en el país, ya que revela un entramado de corrupción que afecta a múltiples niveles del Gobierno. La Fiscalía ha señalado que se trata de una “organización criminal” que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública para desviar recursos a cambio de coimas. Los contratos fraudulentos habrían beneficiado a proyectos específicos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
La investigación sigue en curso y se espera que más detalles salgan a la luz en los próximos días. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente, con el objetivo de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta a los desarrollos del caso, que podría tener implicaciones significativas para la política y la administración pública en Colombia.
En resumen, el allanamiento de la oficina de la congresista Karen Manrique marca un paso importante en la investigación del escándalo de corrupción de la Ungrd. La participación de altos funcionarios, incluyendo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la implicación del presidente Gustavo Petro, muestra la gravedad del caso y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades. La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
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