La Sala de Instrucción de la Corte Suprema confirmó con el radicado interno 01131, del martes 3 de diciembre de 2024, que el presidente de la República, Gustavo Petro, tendrá que declarar en las investigaciones del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lo anterior, tras las versiones que involucran a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cipc), presuntos beneficiarios del direccionamiento de contratos.
El jefe de Estado, por petición del magistrado Misael Fernando Rodríguez, hará su declaración con una certificación juramentada, en la que deberá consignar su versión acerca del entramado que tiene en líos al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: uno de los que está en el centro de la polémica por lo que habrían sido sus actuaciones, según denunció el exdirector de la Ungrd Olmedo López, para la entrega de dichos contratos. Y otros personajes que hacían parte de las altas esferas.
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“De manera atenta y de conformidad con lo ordenado por el honorable magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, mediante auto del tres (3) de diciembre del año en curso, me permito informarle que en la presente investigación se ordenó recibir declaración al presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, mediante certificación jurada”, se leyó en el documento, firmado por la secretaria de la Sala de Instrucción, Adriana Hernández Aguilar.
Es decir, Petro tendrá que responder el cuestionario que le enviará el togado Rodríguez, en un plazo de tres días hábiles, una vez sus abogados den a conocer al alto tribunal las inquietudes que surjan sobre el particular. Una vez resueltas las dudas, se le dará traslado al documento al despacho del primer mandatario, que ha salido a defender en las redes sociales a sus funcionarios; en especial a Bonilla, que pese a las graves denuncias en su contra continúa en el cargo.
¿Cuáles son los congresistas investigados por la Corte Suprema?
Cabe destacar que, los congresistas de la Cicp investigados por la Corte son los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar, y los representantes Julián Peinado, Karen Manrique y Wadith Manzur, al igual que el exmiembro del Congreso, Juan Diego Muñoz. A los que se suman dos parlamentarios más: los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, acusados de recibir millonarias coimas para aprobar las reformas del Ejecutivo.
“Los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd”, se leyó por parte del alto tribunal, cuando se determinó abrir, el 12 de noviembre de 2024, un proceso contra los miembros del legislativo, acusados del punible de cohecho impropio.
De acuerdo con la Sala de Instrucción, en los últimos 18 días del periodo de sesiones del 2023, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la Cicp se emitieron 13 de los dieciocho conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023. Esto habría sido fruto, según reveló la exsasesora del ministro Bonilla, de la adjudicación de contratos por $92.000 millones en Arauca, Córdoba y Bolívar, en favor de los congresistas.
Es válido recordar que la primera en comparecer ante los magistrados fue la representante Manrique, que se acogió al derecho a guardar silencio, hasta que Olmedo López no declare en este proceso. De la misma forma lo hizo Manzur, aunque el congresista cordobés renunció a su presencia en la Cicp, con el fin de facilitar la defensa en su caso; mientras que para el miércoles 4 de diciembre es esperada a declarar Bittar; en un cronograma que se extenderá hasta el 11 de diciembre.
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