Gobierno presentó denuncia penal contra un juez por presunta decisión ilegal sobre recursos del Sistema General de Regalías por $370 mil millones

El gobierno de Colombia, a través de la Agencia Nacional Minera (ANM), interpuso una denuncia penal contra el juez Yeferson Romaña Tello, del circuito de Quibdó, por presunto prevaricato por acción.

La denuncia se basa en una orden emitida en 2016 por Romaña Tello, que autorizaba el embargo de más de 370 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías, fondos constitucionalmente inembargables y destinados a financiar derechos sociales como la educación y la salud.

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La decisión judicial, que favorecía a particulares con recursos públicos, ha generado gran preocupación en el gobierno.

Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, destacó que esta medida pone en riesgo los derechos fundamentales de la población, ya que compromete recursos que deberían ser utilizados para mejorar servicios esenciales.

En respuesta, el gobierno ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que acelere la investigación para evitar que esta orden se ejecute.

Además, ha instado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a considerar la queja presentada contra el juez y ha solicitado a la Corte Constitucional que revise una acción de tutela interpuesta por más de 40 alcaldes que temen la pérdida de estos recursos en sus municipios.

El gobierno también ha pedido al Banco de Bogotá que realice las verificaciones jurídicas necesarias antes de proceder con la transferencia de los fondos a particulares, para garantizar que se cumpla con la normativa vigente y se protejan los intereses públicos.

Esta situación ha suscitado un amplio debate sobre el manejo y destino de los recursos públicos, con un fuerte llamado del gobierno para asegurar que estos fondos se utilicen conforme a su propósito original: el bienestar social.

Este incidente ocurre en el contexto de la reciente aprobación por parte de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de un proyecto de ley que prevé el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2025-2026, por un total de 30,9 billones de pesos.

La votación en plenaria de la cámara baja tuvo lugar después de que las Comisiones Económicas del Congreso aprobaran, el 30 de octubre, el proyecto de ley No. 367 de 2024 (Cámara de Representantes) y No. 284 de 2024 (Senado de la República), que establece los recursos destinados a las regiones para los próximos dos años.

El proyecto fue radicado en la Cámara de Representantes el 1 de octubre, y una vez concluido el trámite en esta instancia, el Senado de la República debe aprobarlo en plenaria antes de que el presidente de la República lo sancione.

Según Jhonattan Duque Murcia, subdirector General del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, los recursos aprobados impulsarán en los próximos dos años la descentralización de los dineros del Estado, la autonomía de las regiones y el desarrollo territorial.

Además, se espera que este presupuesto contribuya a la reactivación económica de las regiones al otorgarles a los mandatarios locales herramientas para controlar e invertir los recursos en proyectos de desarrollo que beneficien a las comunidades.

Del total aprobado, el 82,5% de los recursos provendrán de los ingresos corrientes del SGR, es decir, de la explotación de hidrocarburos y minerales. El porcentaje restante será cubierto por los rendimientos financieros del sistema.

El gobierno ha reiterado su compromiso con las entidades departamentales, municipales y las comunidades étnicas, garantizando que estos recursos se destinen a proyectos de inversión que apoyen el desarrollo de las regiones y contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los colombianos.

La aprobación de este presupuesto para el bienio 2025-2026 se enmarca en los esfuerzos del gobierno por fortalecer el Sistema General de Regalías, uno de los mecanismos más importantes para la redistribución de los recursos del país, y por asegurar que los fondos destinados a los territorios sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la comunidad.