Fedesarrollo advirtió que esta reforma podría incrementar el riesgo económico del país y elevar el dólar

La aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones provocó un fuerte rechazo entre los analistas económicos, quienes, a través de diferentes estudios y advertencias previas, señalaron riesgos fiscales que esta medida podría traer al país. Según Fedesarrollo, las consecuencias de esta nueva legislación impactarían no solo la estabilidad del peso colombiano, también el clima de inversión, lo que generó preocupación en diversos sectores.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, destacó la urgencia de que el Congreso elabore y apruebe la ley de competencias, ya que esta es clave para definir las responsabilidades de los territorios frente a los cambios introducidos por la reforma. En sus palabras, “persisten las inquietudes sobre el impacto fiscal de la reforma, por el tamaño del aumento de las transferencias que se deberá dar en un periodo de 12 años, que en nuestros cálculos equivale a más de 3% del PIB, una cifra muy grande que seguramente generará mayores inflexibilidades en el gasto y que apretará aún más el limitado espacio fiscal con el que cuenta hoy el Gobierno”.

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El incremento en las transferencias, equivalente a más del 3% del Producto Interno Bruto, fue señalado como uno de los aspectos más preocupantes, ya que no solo reduciría la flexibilidad del gasto público, también podría complicar aún más las ya ajustadas finanzas del Gobierno.

La entidad advirtió que la reforma al Sistema General de Participaciones podría desencadenar varias consecuencias económicas negativas en el corto plazo. Luis Fernando Mejía señaló que un posible aumento en el riesgo fiscal del país afectaría las tasas de interés de la deuda pública y provocaría el deterioro de activos importantes, como el peso colombiano.

Con relación a esto, afirmó: “No nos debería sorprender presiones en el alza en el dólar, es decir, depreciaciones de la moneda colombiana”. Además, mencionó que las agencias calificadoras de riesgo seguramente evaluarán cómo estas decisiones podrían impactar la sostenibilidad de la deuda pública nacional.

Más allá de los efectos macroeconómicos, Mejía destacó la falta de mecanismos efectivos para asegurar que los recursos asignados a los territorios generen el impacto esperado. “No hay un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia para lograr que esos recursos que se ejecuten en el orden territorial realmente entreguen el impacto deseado”. Según Fedesarrollo, este vacío podría limitar el éxito de la reforma, especialmente en cuanto a su capacidad para responder a las necesidades locales.

Por último, el centro de estudios señaló que la discusión sobre la autonomía y la eficiencia del gasto territorial quedó incompleta. Temas fundamentales, como el fortalecimiento de los ingresos tributarios regionales, no fueron abordados de manera adecuada. Según Fedesarrollo, sin medidas concretas en estos aspectos, los objetivos de la reforma podrían verse comprometidos, dejando a los territorios con herramientas insuficientes para mejorar su gestión financiera y administrativa.

La reforma al Sistema General de Participaciones contó con un firme respaldo por parte de los gobernadores, quienes participaron activamente en el debate llevado a cabo en la Cámara de Representantes. Durante la sesión del lunes 2 de diciembre, varios mandatarios regionales expusieron sus argumentos a favor de la iniciativa, enfatizando la necesidad de aprobarla para corregir las desigualdades históricas entre las regiones y el Gobierno central.

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, destacó la importancia de esta reforma, argumentando que podría transformar la relación entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. “Esto marcará un antes y un después en nuestra Nación. Durante décadas, los municipios y los departamentos han sido relegados a un segundo plano porque no tienen los recursos. La centralización de los recursos y del poder ha generado profundas desigualdades en las regiones (...). Es necesario destacar que este proyecto no va a quebrar a Colombia. Hay que darle paso a las entidades territoriales y, para ello, es necesario disminuir el tamaño del gobierno central”, expresó Verano ante los legisladores.

Por otro lado, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, resaltó que la reforma responde a compromisos históricos que aún están pendientes con las regiones. También se refirió a críticas sobre la capacidad de las entidades territoriales para gestionar los recursos adicionales. “Aquí quienes dicen que qué se hará con la plata que les pasen a las regiones deberían preguntarse primero de dónde salen los recursos para pagar el PAE, que era una competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (...). Ojalá hubiese sido o sea más el porcentaje, pero este proyecto sin duda va a ayudarnos a cumplir una promesa”, afirmó.