Fedesarrollo ha advertido sobre las posibles consecuencias económicas por la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) en Colombia, que podría llevar a una depreciación de los activos locales.
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La reforma, que fue aprobada por el Congreso y está en camino de convertirse en ley, ha generado preocupación en el mercado debido a sus implicaciones fiscales. Según el análisis de Fedesarrollo, tres aspectos cruciales quedaron fuera de los cambios propuestos y deberán ser abordados en futuros trámites.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, destacó que la reforma implica un aumento considerable en las transferencias del Gobierno Nacional a las entidades territoriales para financiar sectores como la educación, la salud y el agua potable.
Este incremento, que se espera se desarrolle en un período de doce años, podría representar más del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Mejía señala que, aunque se espera una ley de competencias que defina los gastos a trasladar a las entidades territoriales, persisten dudas sobre el impacto fiscal de la reforma.
“Si bien resta una ley de competencias que determinará cuáles son los gastos que se trasladarán a las entidades territoriales, persisten las inquietudes sobre el impacto fiscal de la reforma, por el tamaño del aumento de las transferencias que se deberá dar en un período de 12 años, que en nuestros cálculos, equivale a más del 3% del Producto Interno Bruto”, destacó.
Uno de los puntos críticos señalados por Fedesarrollo es la necesidad de mejorar los ingresos tributarios a nivel territorial. Según Mejía, mantener los ingresos actuales sin cambios perpetuará la dependencia de las regiones en los recursos del gobierno central.
Además, la reforma no considera las diferencias en las capacidades institucionales locales, lo que podría afectar la eficiencia en la gestión de los recursos. Otro aspecto descuidado es el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia para asegurar que los recursos ejecutados a nivel territorial tengan el impacto deseado.
En segundo lugar dijo que “las capacidades institucionales a nivel local, es una reforma, en este caso homogénea que no considera las diferencias de las capacidades locales en los diferentes municipios y departamentos del país. Y tercero, no hay un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia para lograr que esos recursos que se ejecuten en el orden territorial, realmente tengan el impacto deseado”.
La aprobación de esta reforma podría aumentar el riesgo de las finanzas públicas y afectar el precio de activos como la moneda local, lo que podría llevar a una depreciación del peso colombiano y presiones al alza en el dólar. Fedesarrollo también anticipa que las agencias calificadoras de riesgo analizarán las implicaciones de esta reforma en la sostenibilidad de la deuda pública del país.
“Seguramente vendrán los análisis posteriores de las agencias calificadoras de riesgo, sobre las implicaciones de esta reforma, en términos de la sostenibilidad de la deuda pública del país”, aseguró Mejía.
El proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el documento definitivo debe estar listo antes del 16 de diciembre para evitar que la iniciativa se hunda por falta de trámite. La reforma, considerada un paso hacia la descentralización del país según sus autores, ha sido criticada por algunos analistas que advierten sobre un posible escenario de inviabilidad fiscal para Colombia.
Los cambios que introduce la reforma al SGP
La reciente reforma al Sistema General de Pensiones (SGP) en Colombia ha introducido medidas para mejorar la transparencia y eficiencia en la administración del sistema. Este cambio busca optimizar el manejo de los recursos y asegurar una gestión más clara y efectiva de las pensiones en el país.
Entre los cambios más destacados, se encuentra el aumento de las contribuciones que los empleadores deben realizar al sistema de pensiones. Esta medida tiene como objetivo fortalecer el fondo de pensiones y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Además, se espera que este incremento en las contribuciones permita mejorar los beneficios para los pensionados.
Otro aspecto importante de la reforma es la ampliación de la cobertura del sistema de pensiones. La nueva legislación busca incluir a un mayor número de trabajadores informales y autónomos, quienes tradicionalmente han estado fuera del sistema formal de pensiones. Esta inclusión pretende ofrecer una red de seguridad social más amplia y equitativa para todos los trabajadores en Colombia.
La reforma también contempla una revisión de los beneficios de pensión, ajustándolos para reflejar mejor las condiciones económicas actuales. Este ajuste es crucial para garantizar que los beneficios sean adecuados y justos, teniendo en cuenta la inflación y otros factores económicos que afectan el poder adquisitivo de los pensionados.