Esta sería la condena que podría pagar ciudadano que amenazó a Fico Gutiérrez en 2022

En una resolución emitida por un juez penal del circuito de Bogotá, Andrey José Piñarete Galindo fue condenado por amenazar al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, a través de un mensaje en redes sociales. La condena podría resultar en una pena de prisión que oscilaría entre los 6 y 7 años, tras ser hallado culpable de realizar amenazas contra un líder político, de acuerdo con la información de Blu Radio.

Los hechos que originaron este proceso judicial ocurrieron el 10 de agosto de 2022, cuando el sujeto, desde las Islas Canarias (España), envió un mensaje intimidatorio al entonces exalcalde de Medellín. En el texto, el acusado expresaba amenazas violentas en un lenguaje directo y agresivo.

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Cabe destacar que, durante su campaña presidencial de 2022, el excandidato también reportó que en su sede de campaña en Medellín fueron encontrados dispositivos electrónicos escondidos. En aquel momento, una empresa de seguridad contratada por la campaña del político, debido a preocupaciones sobre posibles infiltraciones, reveló el hallazgo de un dispositivo electrónico oculto en la sede de Medellín.

Según se informó, los especialistas en seguridad realizaron un procedimiento que incluyó la desconexión total de los equipos electrónicos en el lugar. Durante esta inspección, localizaron el artefacto camuflado dentro del sistema de iluminación en una sala de reuniones, lo que generó alertas tanto en la Policía como en el Ministerio del Interior, quienes fueron informados del incidente.

La amenaza, que fue enviada a través de la plataforma Instagram, contenía un mensaje claramente intimidatorio: “Das asco pichurria, meterte un indumil es poco, mejor unas 15, dejarle esa cabeza llena de metralla”. Este mensaje generó preocupación tanto en las autoridades colombianas como en la comunidad en general, dada la naturaleza de la amenaza y el impacto que podría tener sobre la seguridad del funcionario.

A lo largo del proceso judicial, que incluyó declaraciones de testigos y pruebas recabadas por las autoridades, se evidenció la personalidad agresiva y violenta de Piñarete. Testimonios durante el juicio señalaron que el acusado presentaba comportamientos perturbadores, lo que permitió al juez fundamentar su fallo en la gravedad de la amenaza y en el comportamiento del acusado. Además, durante el curso del juicio, el sujeto que insultó al político incumplió en varias ocasiones con los requerimientos del despacho judicial, lo que contribuyó a agravar su situación legal.

En relación con la decisión judicial, la jueza encargada del caso expresó que “la presunción de inocencia en este caso ha sido desvirtuada y por ende se cumplen a cabalidad los requisitos sustanciales y formales para emitir un fallo de condena contra el acusado como autor del delito de amenazas”. Esta afirmación fue clave en la declaración condenatoria, ya que no dejó lugar a dudas sobre la responsabilidad de Piñarete en la comisión de este delito.

El fallo, que será formalizado en los siguientes días, establece que la amenaza no solo afectó la seguridad del alcalde Gutiérrez, sino que puso de relieve el riesgo creciente de violencia que enfrentan los líderes políticos y sociales en Colombia. Este tipo de amenazas, especialmente cuando provienen de individuos con antecedentes de conductas agresivas, tiene el potencial de escalar a situaciones más graves si no se toman medidas contundentes.

El Ministerio de Justicia recordó las sanciones establecidas en el Código Penal colombiano para el delito de amenaza. Según la legislación vigente, las personas que incurran en esta conducta pueden enfrentar una pena privativa de la libertad que oscila entre uno (1) y cuatro (4) años, además de una multa que varía entre diez (10) y cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De manera específica, se contempla un aumento en las penas cuando las amenazas o intimidaciones están dirigidas hacia servidores públicos de la Rama Judicial o el Ministerio Público, así como a sus familiares. Este agravante aplica cuando dichas acciones se relacionan con el cargo o la función que desempeñan las víctimas. En estos casos, la pena de prisión se incrementará en una tercera parte, con el objetivo de proteger a los funcionarios en el ejercicio de sus labores y garantizar el respeto por las instituciones del Estado.