Denuncian que la directora de la Uaesp habría otorgado millonario contrato a una persona sin las capacidades académicas requeridas

Un reciente comunicado revela presuntas irregularidades en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), vinculadas con la contratación de Isabel Camacho por parte de su directora, Consuelo Ordóñez.

Según la denuncia de la concejal Diana Diago, Camacho, quien habría trabajado como asistente en la campaña política de Ordóñez a la Alcaldía de Bucaramanga, fue favorecida con un contrato aparentemente millonario, pese a no contar con las credenciales académicas requeridas.

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En febrero de 2024, Ordóñez celebró el contrato 041-2024 con Camacho por un valor de 68 millones de pesos, con el objetivo de que esta prestara servicios en la subdirección de asuntos legales de la Uaesp, apoyando en “actividades administrativas en gestiones contractuales, tramitación del cierre de expedientes contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y verificación de pólizas de cumplimiento, entre otras tareas”.

Sin embargo, Diago pone en duda la capacidad de Camacho para asumir estas responsabilidades, resaltando que “presuntamente no cumple con los requisitos para el contrato” y que su salario “supera los topes establecidos por la entidad”.

La trayectoria de Camacho ha sido cuestionada tras conocerse que, antes de este acuerdo, ganó aproximadamente un millón de pesos mensuales como asistente en la campaña de Ordóñez. “¡Qué sorpresa!”, expresó Diago al respecto, contrastando esto con su nuevo sueldo, el cual asciende a casi siete millones de pesos mensuales, “sin cumplir, presuntamente, con los requisitos del cargo”.

Este tipo de contrataciones ha despertado críticas por parte de la concejal, quien acusa a Ordóñez de usar la Uaesp para “cumplir favores políticos”. Diago destaca una posible amistad previa entre Ordóñez y Camacho, refiriéndose a esta última como la “contratista ‘suertuda’”. Esto, en medio de la situación de miles de profesionales en Bogotá que no cuentan con oportunidades laborales adecuadas, enfatiza la concejal.

Diago también cuestiona las “presuntas irregularidades” en el desarrollo del contrato, señalando que Camacho habría cumplido solo con dos de las seis obligaciones específicas del contrato, a pesar de los informes de ejecución.

“Durante este periodo no realicé ninguna actividad relacionada con la verificación de póliza de contratos… Durante este periodo no realicé ninguna actividad relacionada con el soporte de respuesta al requerimiento de la SAL…”, habría justificado Camacho, según el informe de ejecución mensual del Secop II.

Otra de las críticas de Diago se centra en la residencia declarada de Camacho en su hoja de vida, según la cual habita en Bucaramanga. Sin embargo, el contrato estipula que debe ejecutarse en una oficina de la Uaesp en Bogotá, lo que incrementa las dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones. “¿Está realmente ejecutando su contrato en Bogotá y dando cumplimiento a lo establecido?”, se pregunta Diago.

A partir de la resolución 611 de 2021 de la Uaesp, Diago afirma que los contratistas con título de bachiller no deberían superar remuneraciones de tres salarios mínimos mensuales, pero Camacho estaría recibiendo el doble. “Esto es una cachetada para todos los profesionales idóneos que podrían desarrollar el contrato”, critica la concejal.

La controversia llega en un contexto en el que Diago ha denunciado anteriormente otras presuntas irregularidades de Ordóñez. “La Uaesp debe estar dedicada a prestarle un buen servicio a la ciudad en temas de recolección de residuos y no utilizarla para la politiquería”, concluye. Queda por ver qué acciones se tomarán si las acusaciones se confirman.

Desde agosto de 2024, Bogotá enfrenta una crisis de residuos que ha generado acumulación de basura en varias localidades, lo que ha llevado a la ciudadanía a exigir la renuncia de Consuelo Ordóñez. En medio de esta situación, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación contra Ordóñez por su presunta implicación en el delito de concusión, según informaron las autoridades pertinentes.

La denuncia contra Ordóñez fue presentada el 25 de septiembre de 2024 en Bogotá. La Oficina de Asignaciones Seccionales de Bogotá, una unidad de la Fiscalía, es la encargada de investigar y procesar este tipo de delitos.

La concusión, de acuerdo con el Código Penal colombiano, se refiere a la conducta de un servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, derecho o dádiva que no se le debe.

La crisis de residuos en Bogotá ha sido motivo de preocupación para el Consejo de Bogotá, que ha convocado a un debate de control político para abordar la problemática. Durante la sesión, se solicitó a la Uaesp y a su directora que presentaran estrategias para mejorar la gestión de la basura en la ciudad.