Daniel Quintero sorprendió con dura advertencia: “Revocaremos a todo alcalde que apoye el impuesto del gobernador para subir los servicios públicos”

El ex alcalde de Medellín Daniel Quintero se pronunció en la mañana de este 4 de diciembre sobre la propuesta de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, sobre subir el precio de los servicios públicos para fortalecer la inversión pública en aspectos como seguridad y tecnología.

Han sido varias las críticas en contra de los pronunciamientos de Rendón, aunque también hay voces políticas que han adherido a sus planteamientos.

Quintero señaló que hará seguimiento intensivo de las acciones de cualquiera de los alcaldes de los 125 municipios del departamento antioqueño. Dijo que, políticamente, hará todo lo posible para que los alcaldes que se sumen a la propuesta de Rendón sean destituidos.

“Revocaremos a todo Alcalde que apoye el impuesto del Gobernador para subir los servicios públicos”, escribió Quintero en su cuenta de X.

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La iniciativa, denominada “tasa especial de seguridad”, plantea un impuesto que sería cobrado a través de las facturas de los servicios públicos. Sin embargo, esta idea ha generado un intenso debate político, jurídico y social, con opiniones divididas entre los diferentes sectores implicados.

La propuesta del gobernador está diseñada para abordar varios desafíos de seguridad que enfrenta el departamento. Los recursos recaudados estarían destinados a cuatro áreas clave:

• Inversión en Tecnología: Mejorar la capacidad operativa de la fuerza pública mediante la adquisición de equipos tecnológicos.
• Condiciones para las Fuerzas de Seguridad: Aumentar la movilidad y garantizar condiciones dignas para soldados y policías.
• Infraestructura Penitenciaria: Construcción de nuevas cárceles para reducir el hacinamiento en los centros de detención.
• Fomento de la Convivencia: Iniciativas para mejorar las relaciones comunitarias y la seguridad ciudadana.

Rendón aseguró que la medida no afectará a los estratos más bajos de la población, ya que el 85% de los residentes en los estratos 1, 2 y 3 quedarían exentos. Asimismo, argumentó que para el 60% de las pequeñas industrias y comercios, el aporte sería inferior a $30.000 mensuales.

Pese a las explicaciones ofrecidas, la tasa especial ha encontrado resistencia significativa. Empresas Públicas de Medellín (EPM) rechazó la propuesta, advirtiendo sobre posibles riesgos legales y normativos. Según su gerente, John Maya Salazar, el impuesto podría vulnerar principios fundamentales de legalidad tributaria, lo que expondría la medida a ser anulada en los tribunales. También destacó que la implementación de este cobro podría generar inseguridad jurídica tanto para la empresa como para los usuarios.

Por otro lado, la bancada del movimiento Creemos, junto con otros diputados, se unió a la oposición, alegando que la medida podría deteriorar la cultura de pago de los usuarios, aumentar la morosidad y afectar negativamente la economía local.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en contra de la propuesta, calificándola como una medida regresiva que impactaría a las familias más vulnerables. Según Petro, gravar servicios esenciales como el agua y la luz podría llevar a que muchos ciudadanos prioricen estos pagos sobre necesidades básicas como la alimentación.

Desde el Gobierno Nacional, el presidente destacó su compromiso con la reducción de tarifas de energía, en contraste con la propuesta antioqueña, la cual, a su juicio, agravaría las condiciones de vida de los sectores populares.

En respuesta a las críticas, Rendón defendió su propuesta afirmando que la tasa busca llenar vacíos dejados por el Gobierno Nacional en el ámbito de la seguridad. Además, señaló que no sería la tasa la que incrementaría los costos de los servicios públicos, sino factores externos como la escasez energética y las políticas nacionales hacia las hidroeléctricas y los hidrocarburos.

El gobernador también instó al presidente Petro a reconsiderar su postura, argumentando que el fortalecimiento de la fuerza pública es crucial para combatir la creciente violencia en la región, especialmente en un contexto de ceses al fuego con grupos armados.

El futuro de la tasa especial de seguridad en Antioquia sigue siendo incierto. La iniciativa ha puesto de manifiesto la complejidad de equilibrar las necesidades de financiación de la seguridad pública con los derechos de los ciudadanos y las limitaciones legales. Mientras algunos sectores ven en la propuesta una solución pragmática a los problemas de seguridad, otros advierten sobre sus potenciales impactos negativos en la economía y el bienestar social.

Este debate refleja no solo las tensiones entre los niveles departamental y nacional de gobierno, sino también las diferencias sobre cómo abordar los retos de seguridad en un contexto de limitados recursos fiscales.