El presupuesto de Bogotá para 2025, aprobado en primer debate por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Concejo de la ciudad, plantea ambiciosos objetivos para los sectores clave de la capital. Con un monto total de $38,4 billones, el proyecto busca consolidar políticas en áreas como la seguridad, la reactivación económica y la acción climática, mientras garantiza la continuidad de los programas sociales implementados durante la pandemia. Ahora, la propuesta espera la aprobación definitiva en la plenaria del Concejo y posterior sanción del alcalde Carlos Fernando Galán.
Según la Secretaría de Hacienda, este presupuesto responde a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura, centrado en abordar las principales necesidades de la ciudadanía. Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, destacó el proceso de construcción del proyecto, que incluyó el análisis de más de 113 proposiciones presentadas durante las sesiones de discusión. “Este presupuesto refleja las preocupaciones de la ciudadanía y las posibilidades de la administración distrital para atenderlas con responsabilidad fiscal”, afirmó.
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Del total de $38,4 billones, el 81,4% se destinará a inversión, garantizando la ejecución de proyectos clave en la ciudad. El 13,3% estará dirigido al funcionamiento de las entidades distritales, y el 5,3% cubrirá el servicio de la deuda. Entre los sectores con mayores asignaciones, movilidad lidera con $9 billones (23%), seguido por educación con $8,4 billones (22%), y salud con $4,7 billones (12%). Otros sectores importantes incluyen integración social ($2,5 billones), hábitat ($1,9 billones) y gobierno ($2,3 billones).
La Secretaría de Desarrollo Económico liderará estrategias innovadoras para fortalecer el empleo y los sectores productivos de la ciudad, con énfasis en impulsar la recuperación económica. Además, se fomentarán iniciativas relacionadas con el turismo, las pequeñas y medianas empresas, y la infraestructura en movilidad, salud, educación y cultura, sectores identificados como generadores clave de empleo y desarrollo social.
El presupuesto asegura la continuidad de transferencias monetarias para familias vulnerables, ampliará los cupos educativos y reforzará servicios de atención integral a adultos mayores, niños, adolescentes y habitantes de calle, garantizando así un soporte sólido y equitativo para los sectores más necesitados.
Se destinarán recursos adicionales para mejorar la cobertura de videovigilancia en la ciudad, la contratación de la Cárcel Distrital II, la entrega de la URI Norte y el fortalecimiento de programas de prevención de delitos. Estas medidas buscan optimizar la infraestructura de seguridad y mejorar la percepción ciudadana en términos de convivencia y protección. El compromiso con el medio ambiente se traduce en proyectos clave, como la restauración de zonas protegidas, la intervención de bosques urbanos, cuencas hídricas estratégicas y programas para mitigar el impacto climático, esenciales para garantizar el abastecimiento de agua en Bogotá y promover un entorno más sostenible.
Se proyecta la entrega de más de 24.000 subsidios de vivienda, una apuesta por reducir el déficit habitacional y ofrecer soluciones accesibles a las familias bogotanas. A pesar de las cifras optimistas y los sectores priorizados, la aprobación definitiva del presupuesto será clave para garantizar la implementación de estos programas. Las discusiones en la plenaria del Concejo serán determinantes para incorporar ajustes que reflejen mejor las expectativas de la ciudadanía. Por su parte, la administración distrital deberá enfrentar el reto de ejecutar un plan de inversión que responda a las necesidades urgentes de la capital mientras sostiene una visión a largo plazo.
“Con este presupuesto buscamos un desarrollo integral, equitativo y sostenible para Bogotá, enfocándonos en las prioridades de los ciudadanos”, señaló la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena. De aprobarse el presupuesto en plenaria, Bogotá daría un paso importante hacia la consolidación de un modelo de ciudad que equilibra inversión social, desarrollo económico y acción climática, en un contexto de recuperación económica pospandemia.