El Sistema General de Participaciones (SGP) es el mecanismo mediante el cual el Gobierno nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados).
Actualmente, la Nación transfiere a los entes territoriales poco más del 20% de sus ingresos corrientes, un porcentaje mínimo que promueve un Estado centralista que concentra sus decisiones en Bogotá. Sin embargo, el Congreso de la República, tras ocho intensos debates, aprobó, con 124 a favor, la reforma a este y, con la entrada en vigencia del mismo, los entes territoriales pasarán a recibir el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación, un cambio que se hará de manera gradual mientras se les asignan nuevas responsabilidades.
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Por supuesto, la decisión generó mucho ruido en expertos. Por ejemplo, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, por medio de X, aseguró que la aprobación de la reforma al SGP genera serios riesgos fiscales, tal como ya lo había señalado un grupo amplio de exministros de Hacienda por medio de una carta al ministro actual, Ricardo Bonilla.
“Se siguió una lógica incorrecta: deberían haberse definido primero las competencias de los gobiernos regionales y del nacional, y los costos de unas y otras, no definiendo primero los recursos”, criticó el exfuncionario del Gobierno Petro.
Anotó que se debe fomentar la descentralización, tal como lo señaló la Constitución de 1991, pero de manera lógica y sin generar importantes riesgos fiscales.
Depreciación del peso colombiano
Otro que se refirió al asunto fue el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar. Lo hizo durante su intervención en el Foro Perspectivas Económicas de Corficolombiana, en la que dio detalles sobre los debates sobre la reforma al SGP y las implicaciones sobre las finanzas de Colombia.
Dijo que, en el período más reciente, en particular durante octubre, la depreciación del peso colombiano reflejó, adicionalmente, una reacción a la incertidumbre generada en los mercados acerca de la situación fiscal colombiana, en parte por la falta de claridad sobre el financiamiento del presupuesto de gasto de 2025 y en parte por el trámite acelerado y sorpresivo de la reforma constitucional que obliga al Gobierno a aumentar las transferencias a las regiones por medio del Sistema General de Participaciones de una manera muy fuerte y sostenida a lo largo de los próximos 14 años.
“Sin entrar en mayores detalles sobre este tema, me limito a decir acá que las perspectivas fiscales del país ya se veían retadoras y vulnerables sin esa reforma al SGP. El Marco Fiscal de Mediano Plazo publicado a mediados de 2024 por el Ministerio de Hacienda mostraba que, con la regla vigente, las transferencias del SGP aumentarían de 4.2% del PIB en 2024 a 5.6% del PIB en 2028 y seguirían aumentando en los años subsiguientes hasta el 5.9% del PIB en 2038″, indicó.
Austeridad en el gasto
Explicó que ello, unido a los altos pagos de intereses sobre la deuda pública acumulada tras la pandemia del covid-19, requería una gran austeridad en el gasto del Gobierno Nacional Central en todos los demás rubros del Presupuesto Nacional. Al respecto, lamentó que esto se hizo aún más retador hace unos meses, cuando se hizo evidente que el recaudo tributario que se contemplaba en el Marco Fiscal de Mediano Plazo no estaba materializándose.
Puntualizó que el Acto Legislativo aprobado en el Congreso hace este reto aún más complejo en la medida en que el Gobierno estará forzado a aumentar las transferencias del SGP de manera aún más pronunciada, llegando a 7,2% del PIB en 2038, esto es, 1.3 puntos porcentuales del PIB por encima de lo previsto en el MFMP y tres puntos porcentuales del PIB por encima de su nivel de 2024.
“El reto fiscal que tiene Colombia en este momento afecta los márgenes de riesgo que cobran los inversionistas internacionales por adquirir bonos de deuda externa colombiana y puede afectar las expectativas en el mercado cambiario con potenciales impactos adversos sobre el proceso esperado de desinflación. Mientras la incertidumbre en estos frentes se mantenga, las decisiones de política monetaria sobre la tasa de política del Banco de la República deberán ser particularmente cautelosas”, enfatizó el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar.
Llamado de atención a los congresistas
Otro exministro de Hacienda también habló de lo que se viene para Colombia con la reforma al SGP. Mauricio Cárdenas hizo un duro llamado a los congresistas que aprobaron la iniciativa.
Insistió en que, así como votaron con entusiasmo, con rapidez, con agilidad y con unas amplias mayorías, ahora la transferencia de recursos, se deberían dedicar también antes de terminar 2026, cuando se acaba el periodo legislativo, a sacar adelante la ley que asigna las competencias sobre qué se va a ir a los departamentos y municipios.
“¿Cuáles son esas competencias? no le tengan miedo a tomar decisiones difíciles, porque esto va a significar que el Congreso pierde influencia, porque los recursos van directamente a gobernaciones y alcaldías y van a ser los gobernadores y los alcaldes quienes tendrán la decisión de cómo asignar esos recursos. Ya no va a estar el Congreso intermediando, entre Gobierno nacional y gobiernos territoriales”, cuestionó.
Sugirió a los congresistas que no le tengan miedo al hecho de reducir el tamaño del Gobierno Central, ya que hay que cerrar entidades y hay que adelgazar al Gobierno nacional.
Problema de otro Gobierno
“Ahora la tarea complétenla de aquí al 2026. No le dejen este problema al próximo gobierno, ni al próximo Congreso. Entonces, así como mostraron tanta fuerza ahora, pues aplíquense a sacar adelante esa ley que va a asignar las competencias que, efectivamente, va a ser una ley muy difícil e impopular, que nadie va a querer esas competencias y ustedes mismos van a tener mucha resistencia a soltar los recursos del Gobierno nacional y dejarlos en manos de los alcaldes y gobernadores”, finalizó Mauricio Cárdenas.