Armando Benedetti, asesor de Gustavo Petro en la Presidencia de la República, presentó su declaración de renta, como lo establece la Ley 2013 de 2019, la cual dice que todo funcionario debe hacer público este documento, con el propósito de dejar una transparencia ante la ciudadanía en sus ingresos, fuentes y retenciones.
El documento presentado por el exembajador de Colombia ante la FAO deja ver que en el año gravable de 2023 cuenta con un patrimonio líquido de 2.001.984.000 pesos.
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Además, cuenta con deudas por 1.047.472.000 pesos, mientras que tiene un patrimonio bruto de 3.049.456.000 pesos. Ante estas cifras, Armando Benedetti tuvo que pagar un total de 80.871.000 pesos de impuesto de renta.
El también exembajador de Colombia en Venezuela es uno de los funcionarios del Gobierno Petro que mayor patrimonio bruto tiene.
El escalafón es liderado por el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien cuenta con un patrimonio líquido de 8.407 millones de pesos.
Le sigue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con un patrimonio de 2.815 millones de pesos. El tercer lugar lo ocupa el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien tiene un patrimonio líquido de 2.019 millones de pesos. Armando Benedetti continúa el ranking con el cuarto lugar.
El asesor del presidente Gustavo Petro ya había presentado su declaración de bienes, rentas y conflictos de interés. En cuanto a ingresos, Benedetti aseguró que sus ingresos fueron de 583 millones de pesos para el 2023 por su trabajo como embajador. En cuanto a conflictos, afirmó que no tienen ninguno.
Asimismo, explicó que solo posee un apartamento en Bogotá avaluado en 2.475 millones de pesos. Y cuenta con un préstamo por 500 millones de pesos que aún le falta por pagar.
Corte Suprema de Justicia tendría lista una nueva acusación contra Benedetti
El exsenador Armando Benedetti, recientemente nombrado asesor presidencial, enfrenta un proceso judicial que podría avanzar en los próximos días, según información revelada por El Tiempo.
Desde el pasado 17 de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió, por mayoría, acoger parcialmente una ponencia de acusación presentada por la magistrada Cristina Lombana. Este proceso está relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de proyectos a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
El caso en cuestión gira en torno a un contrato adjudicado el 1 de agosto de 2017, identificado como 2017865 y valorado en 1.065 millones de pesos, que fue asignado a la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.), una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá especializada en firmas digitales.
Según la denuncia interpuesta por el abogado Jaime Lombana, Benedetti, quien en ese momento pertenecía al partido La U, habría favorecido a Certicámara instruyendo a su asesora, Elsy Pinzón Barrera, para intervenir de manera irregular en el proceso de adjudicación.
La investigación incluye declaraciones de Jorge Iván Henao, colaborador en otros procesos judiciales contra políticos como Bernardo Miguel ‘el Ñoño’ Elías y Musa Besaile. Henao señaló directamente a Benedetti como parte activa en la irregularidad.
Tras evaluar las pruebas, la Corte Suprema decidió mantener el cargo de tráfico de influencias, aunque descartó el de interés indebido en la celebración de contratos. Esta decisión podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión, teniendo en cuenta la condición de servidor público de Benedetti en el momento de los hechos.
Además, la Sala rechazó la solicitud de nulidad presentada por su defensa, que argumentó que el caso responde a una supuesta persecución política.
El proceso continuará con la elaboración de una nueva ponencia, a cargo del magistrado César Augusto Reyes, quien lleva trabajando en este documento desde el 17 de octubre. Una vez finalizada y aprobada, se notificará a Benedetti y a su equipo legal, quienes tendrán la oportunidad de interponer un recurso de reposición para contrarrestar los argumentos de la acusación.
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