Con un breve, pero conciso pronunciamiento, Mauricio Pava, que oficia como abogado defensor del saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó a los medios de comunicación y al país cómo han afrontado el escándalo que salpica a su cliente: y que está relacionado con su presunta participación en el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con la presunta entrega de contratos a congresistas a cambio de votos.
Pava, que también es uno de los letrados que defiende los intereses del presidente de la República, Gustavo Petro, reveló una serie de acciones que se han puesto en marcha tras conocerse la primera declaración que involucró a Bonilla en este escándalo: entregadas a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por parte del exdirector de la Ungrd Olmedo López, en las que vinculó a Bonilla cono el funcionario del más alto rango del Gobierno, involucrado en este megacaso.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
“Desde hace tres meses, la defensa del ministro, con el aval del Tribunal y de la Corte (Suprema), ha recaudado pruebas esenciales para demostrar su inocencia. Confiamos en que la investigación diferencie las funciones legales cumplidas por el ministro y la red de saqueo al erario urdida por corruptos confesos. El país debe conocer cuánto se robaron, cuánto falsificaron y cuánto han mentido para confundir a la opinión pública”, afirmó Pava.
¿Qué pasará en el caso de Ricardo Bonilla tras su renuncia al Ministerio de Hacienda?
Es preciso recordar que con su renuncia, Bonilla perdería su fuero constitucional, por lo que su caso, en el hipotético de que se hallen méritos para iniciar un proceso formal, sería asumido por parte de la Fiscalía General de la Nación. Lo cual parece factible, debido a que existen una serie de evidencias, no solo testimoniales sino también documentales, que darían cuenta de la presunta responsabilidad de Bonilla en este escándalo, que ha manchado
“Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa pendiente solo de fecha”, dijo Bonilla en un breve video que se reveló a la par de las afirmaciones de su abogado.
Es oportuno remarcar que los congresistas que están involucrados son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte, que hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), y el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz Cabrera, que son investigados por parte de la Corte Suprema por el presunto delito de cohecho impropio.
En lo que respecta al proceso que involucra a uno de sus más fieles funcionarios, y a la par de lo que llamó una “extorsión” de los miembros del legislativo, el presidente Petro hizo una férrea defensa, aunque también dejó un aire de preocupación por la forma en la que estaría dispuesto a proceder.
“No voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones, y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia, y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los humildes”, afirmó el primer mandatario, en lo que sería, a juicio de sectores opositores, una clara intención de convocar a una constituyente.