Caso Ungrd: Ricardo Bonilla no se va del Gobierno Petro, asumirá su defensa y negó la compra de congresistas

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que enfrentará las acusaciones en su contra relacionadas con un presunto escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La controversia surgió tras una declaración de Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, que aseguró ante la Fiscalía que el ministro habría sido una de las figuras clave en una operación presuntamente diseñada para aprobar rápidamente créditos internacionales en diciembre de 2023. Según Benavides, parte de estos recursos se habrían destinado a la supuesta compra de votos de congresistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Voy a asumir la defensa, lo que se está diciendo tiene muchas especulaciones. Aquí no hay cupos indicativos y compra de congresistas”, afirmó Bonilla a los medios de comunicación, desestimando las versiones que lo vinculan con irregularidades.

El equipo jurídico del ministro ya se encuentra preparando su estrategia de defensa. Según Mauricio Pava, abogado de Bonilla, las acciones del funcionario estuvieron enmarcadas dentro del “deber objetivo de cuidado exigido por el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, y no como parte de un intercambio de favores”.

En ese sentido, los abogados solicitaron una reunión con la Fiscalía General de la Nación para presentar pruebas que respalden la versión del ministro y pedir que descarten su participación en los hechos señalados.

El caso cobró fuerza con la firma de dos resoluciones por parte de Bonilla, que adicionaron hasta $1,4 billones al presupuesto de la Ungrd. Una de estas inyecciones presupuestales ocurrió en septiembre de 2023, antes de las elecciones regionales, y otra en diciembre del mismo año. Aunque no hay evidencia de que los recursos fueran mal utilizados, la investigación se centra en $92.000 millones asignados a contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).

“El ministro actuó dentro del deber objetivo de cuidado exigido por el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, y no como parte de un intercambio de favores”, aseguró el abogado Pava, que también destacó que no hubo desembolso de esos 92.000 millones, por lo que no se presentó pérdida de recursos.

En medio de las acusaciones, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Bonilla, calificándolo como una “víctima” de un sistema corrupto. A través de un extenso mensaje en X, el primer mandatario señaló: “Conozco al profesor Ricardo Bonilla y lo respeto muchísimo. Es un economista comprometido con las necesidades de su pueblo”.

Petro recordó su lucha histórica contra los cupos indicativos, una práctica que, según él, ha perpetuado la corrupción en Colombia: “No hay congresista si no compra votos en las regiones, excepto los que apelan a la opinión libre de la ciudadanía. Este sistema le ha servido a narcos y asesinos en el poder”.

Agregó: “La misma funcionaria de minhacienda lo sabe. Los llamados cupos indicativos, que yo mismo denuncié en el congreso, en aquel entonces eran hechos por centenares, en donde los congresistas se identificaban por códigos secretos en el minhacienda, y en donde se entregaban centenares de miles de millones de pesos, girados a alcaldes amigos de los congresistas, para que estos eligieran los contratistas que iban a darles dinero en efectivo para comprar los votos de sus electores, no es un invento de hoy, y no solo es un delito, sino que es el mismísimo sistema político de Colombia”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, fue enfático en señalar: “Se que la acusación a Bonilla es injusta. Como revolucionario y desde muy jóven amé el sentido de la justicia” y se refirió a una “impunidad” que históricamente ha rodeado a estos casos, comparándola con la persecución hacia líderes sociales y políticos que luchan por la justicia: “Los justos van a la cárcel o a la muerte, mientras los asesinos disfrutan de sus haciendas lujosas”.