Reforma tributaria del Gobierno Petro podría triplicar los impuestos a médicos, odontólogos, abogados y otros profesionales

La propuesta de ley de financiamiento del Gobierno de Gustavo Petro ha generado preocupación entre diversos sectores profesionales en Colombia.

Según un análisis de Semana, la eliminación del régimen simple a partir de 2026 podría incrementar la carga tributaria para profesionales independientes, como médicos, odontólogos, abogados y arquitectos, quienes podrían enfrentar un aumento del 200% en sus impuestos.

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Juan Pablo Suárez, socio líder del área de Derecho Tributario y Planeación Patrimonial de CMM Estudio Legal, ha advertido sobre el impacto que tendría la eliminación del Régimen Simple de Tributación en los profesionales independientes en Colombia.

Según Suárez, esta medida, propuesta para entrar en vigor en 2026, podría aumentar drásticamente la carga fiscal de médicos, arquitectos, odontólogos y abogados, quienes pasarían de pagar un 5,9% sobre sus ingresos a una tarifa progresiva del 33% sobre las utilidades, lo que representa un incremento superior al 200 % en el impuesto a pagar.

La iniciativa de reforma tributaria incluye varios cambios importantes. Uno de los más destacados es la reducción de la base para quedar obligado a pagar el impuesto al patrimonio, que bajaría de $3.388 millones a $1.880 millones, e incluiría a las personas jurídicas como sujetos obligados a pagar este impuesto sobre activos fijos reales no productivos.

Además, se propone un aumento en la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales, que pasaría del 15% al 20%, y al 25% para rifas, loterías y similares.

Otro aspecto relevante es la reducción progresiva de la tarifa del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, que se reduciría hasta el 30% en 2029. Sin embargo, la eliminación del Régimen Simple de Tributación es uno de los puntos más controvertidos, ya que, según Suárez, no solo incrementaría el pago de impuestos, sino que también impondría una carga excesiva en el cumplimiento de obligaciones formales.

En cuanto a las deducciones por personas dependientes, el proyecto de ley busca limitar estas deducciones a un solo contribuyente por cada dependiente económico, lo que endurecería aún más las restricciones impuestas por la reforma de 2022. Actualmente, las personas naturales pueden deducir hasta 72 UVT por cada dependiente, sin importar si otro contribuyente también utiliza la deducción por el mismo dependiente.

La propuesta también contempla un aumento en la tasa mínima de tributación del 15% al 20%, y la aplicación de un IVA del 19% para juegos de suerte y azar y vehículos híbridos. Además, se prevé un incremento sustancial en el impuesto al carbono, casi triplicándolo, y la creación de una excepción a los límites de la regla fiscal para “inversiones verdes”.

Finalmente, se propone un incremento en la tasa de intereses presuntos por préstamos entre accionistas y compañías, que alcanzaría aproximadamente el 25% para 2025. Suárez advierte que estas medidas podrían representar un retroceso en la capacidad fiscalizadora de la Dian, ya que la fiscalización a los contribuyentes del régimen simple es más sencilla y eficiente en comparación con la complejidad del régimen ordinario, lo que podría afectar las políticas de formalización de la economía.

La iniciativa, que busca ajustar las finanzas para completar el Presupuesto General de la Nación de 2025, enfrenta un proceso legislativo desafiante. Actualmente, se está finalizando la ponencia del proyecto, y el Congreso tiene un plazo limitado para su discusión, ya que las sesiones ordinarias están por concluir en 15 días. Incluso con la posibilidad de sesiones extraordinarias, el tiempo apremia para lograr su aprobación.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha manifestado su oposición a la propuesta, citando la falta de ejecución del Gobierno y la gestión de recursos que ascienden a cerca de 100 billones de pesos en fiducias.

Uno de los cambios más destacados es la decisión de mantener el beneficio del IVA reducido para los carros híbridos, que seguirá siendo del 5% en lugar de aumentar al 19% como se había propuesto inicialmente. Esta medida busca fomentar el uso de vehículos más amigables con el medio ambiente.

En cuanto al impuesto al patrimonio, la propuesta original del Gobierno pretendía reducir la base gravable a 40.000 UVT, lo que equivaldría a aproximadamente $1.883 millones. Sin embargo, los legisladores han decidido mantener la base en 70.000 UVT, cerca de $3.390 millones, como está actualmente. Para compensar, se ajustaron las tarifas impositivas, que ahora serán de 0,5 %, 1,5 % y 2 %, en lugar de las tasas anteriores de 1,5% y 2%.

Otro aspecto que ha generado debate es el régimen simple, que busca reducir el impuesto de renta para las pequeñas empresas en 8 puntos. La discusión actual se centra en restringir este régimen para que solo aplique a microempresas, excluyendo a personas naturales con actividades económicas específicas, como los médicos, quienes podrían beneficiarse indebidamente de un pago menor al que deberían realizar.