Megaoperativo en 11 cárceles del país dejó varios guardias del Inpec capturados y un arsenal de material ilegal incautado

En la madrugada del martes 3 de diciembre, un megaoperativo liderado por el director general de la Policía Nacional, William Salamanca Ramírez, se desplegó en 11 cárceles del país, con el objetivo de desarticular redes criminales que operan dentro de los penales.

Las fuerzas de seguridad llegaron a centros penitenciarios de diferentes regiones, incluidos Cómbita (Boyacá), La Modelo y Picota (Bogotá), Pedregal (Medellín), Picaleña (Ibagué), Doña Juana (Dorada), Tramacua (Valledupar), La Modelo (Cúcuta), El Buen Pastor (Bogotá), Jamundí (Valle del Cauca) y Palo Gordo (Santander).

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Decenas de unidades de la Policía Nacional, apoyadas por comandos Gaula, unidades de inteligencia, investigación criminal, tecnología avanzada y el componente canino, fueron desplegadas en cada una de estas cárceles. Además, un contingente de helicópteros estuvo en alerta, preparado para cualquier emergencia.

Durante el operativo, se lograron importantes resultados, como la captura de ocho personas, de las cuales seis son guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Estos funcionarios fueron arrestados en la cárcel El Diamante de Girardot, y se les imputan delitos graves, como concierto para delinquir, cohecho, concusión, prevaricato y favorecimiento para la fuga de reclusos.

La Policía Nacional también incautó grandes cantidades de material prohibido dentro de las cárceles. Entre lo confiscado se encuentran 408 armas blancas, 322 teléfonos celulares, 6,641 gramos de estupefacientes, y 172 cuadernos con información sobre extorsiones y otras actividades criminales. Además, se decomisaron 504 SIM cards, 25 módems de Internet y 19 dispositivos electrónicos, incluidos radios y paneles solares.

“Todo el material incautado hace parte de una investigación adelantada para seguir enfrentando con decisión el fenómeno criminal de la extorsión”, indicaron las autoridades, tras finalizar las labores.

Este megaoperativo se registró en un contexto en el que el Inpec también está llevando a cabo la Operación Dominó, cuyo objetivo es atacar las redes de extorsión dentro de las cárceles. Esta estrategia se ha centrado en trasladar a los prisioneros más peligrosos entre las ocho cárceles de máxima seguridad del país; sin embargo, la reubicación de estos presos no ha estado exenta de controversia.

En el caso de la cárcel Palo Gordo, ubicada en Santander, el Inpec ha identificado que su ubicación geográfica y la falta de señal telefónica dificultan la operatividad de los delincuentes, lo que ha llevado a la transferencia de varios reclusos peligrosos a este penal.

El director de la entidad, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, destacó que desde el comienzo de la Operación Dominó se han realizado casi 1.800 operativos en los que se han incautado 8.419 teléfonos celulares, 528 kilos de estupefacientes y más de 73 millones de pesos.

El riesgo para los miembros del Inpec ha sido una constante en los últimos meses. En febrero, se conoció que un grupo delincuencial había lanzado un plan de asesinatos contra los guardianes como forma de represalia por el traslado de reclusos peligrosos. Aunque esta banda no tiene alcance nacional, logró perpetrar asesinatos en varias ciudades, como Cartagena y Cúcuta, además de atentados en Antioquia, Huila y Valle del Cauca.

El incidente más grave fue el asesinato del coronel Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá. En ese momento, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, comentó: “Suceden cosas como estas de hoy, que todos sabemos que son retaliaciones, precisamente por la contundencia y la efectividad de las actuaciones que está teniendo la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el propio sistema carcelario”.

El mega operativo de este 3 de diciembre representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado que opera desde las cárceles, pero también evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores del Inpec y las autoridades penitenciarias, en un país donde la criminalidad continúa desafiando los esfuerzos por restaurar el orden y la seguridad en los centros de reclusión.