La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que incluya la “toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad con finalidad de explotación” como un nuevo patrón de macrocriminalidad en el marco del macrocaso 01, que investiga a exmiembros del antiguo Bloque Noroccidental de las Farc.
Estas acciones, que incluyen secuestros con el propósito de extraer la fuerza de trabajo de las víctimas, son consideradas una forma de esclavitud.
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Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, procurador delegado ante la JEP, destacó que los secuestros realizados por este grupo armado no solo buscaban beneficios económicos, sino también forzar a las víctimas a trabajar en beneficio de la organización.
Además, la Procuraduría ha subrayado la violencia sexual y de género como una práctica sistemática destinada a reafirmar el control violento de los grupos armados.
La victimización de menores de edad es otro aspecto crítico señalado por la Procuraduría. Según La Silla Vacía, al menos seis menores fueron secuestrados bajo estas circunstancias, mientras que ocho adultos relataron haber sido privados de la libertad junto con sus hijos pequeños. Estas acciones, según el Ministerio Público, constituyen crímenes de guerra de acuerdo con la Corte Penal Internacional.
La Procuraduría también criticó las imprecisiones jurídicas de la JEP al categorizar secuestros de civiles y militares por separado, recordando que, bajo el Derecho Internacional Humanitario, los policías, cuando no participan directamente en hostilidades, deben ser considerados civiles protegidos. “Mientras no se establezca que los policías estaban participando directamente en las hostilidades, estos tenían la calidad de civiles protegidos por el DIH”, concluye el documento presentado por la Procuraduría.
En noviembre, seis miembros del antiguo secretariado de las Farc fueron imputados como máximos responsables del reclutamiento de 18.677 niños y niñas, en la mayoría de los casos bajo amenazas y uso de la fuerza. Siete exintegrantes del Bloque Occidental reconocieron su responsabilidad en Cali por cientos de secuestros perpetrados en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.
La solicitud de la Procuraduría busca que la JEP reconozca la complejidad de estos crímenes y sus impactos sobre las víctimas, asegurando que los responsables enfrenten un proceso acorde con la magnitud de sus actos.
El homenaje de la JEP revela nombres de 1.934, de las 6.402, víctimas de falsos positivos en Colombia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha revelado por primera vez los nombres de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como “falsos positivos”. Este listado es el resultado de un exhaustivo proceso de verificación judicial, explicó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
La JEP estima que el total de víctimas de este oscuro episodio del conflicto colombiano asciende a 6.402. En este contexto, el Ejército colombiano engañó y ejecutó a jóvenes inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate. Muchos de los cuerpos de estas víctimas aún no han sido localizados.
Durante el evento, el magistrado de la JEP enfatizó la importancia de recordar a las víctimas para dignificarlas y evitar que esta tragedia se repita. “Por ahora son 1.934 nombres, pero, repito, bastaría uno”, señaló antes de proceder a la lectura de los nombres, acompañado por otros miembros de la JEP y madres de las víctimas.
Jackeline Castillo, presidenta de las Madres de Falsos Positivos (Mafapo), expresó su pesar por la necesidad de justificar estos crímenes y seguir aportando pruebas. “Siento que nuestros familiares no son un objeto, no los estamos comercializando, no están a la venta”, afirmó Castillo, lamentando la exposición pública de los nombres de sus seres queridos.
Castillo también cuestionó por qué no se publican los nombres de los más de 4.500 militares investigados por su participación en estos crímenes. “Ellos sí merecerían estar en ese escarnio público”, añadió.
La JEP, creada tras el acuerdo de paz, ha imputado a 106 altos responsables del Ejército en el Caso 03, que investiga exclusivamente los “falsos positivos”. De estos, 85 han reconocido su responsabilidad, incluyendo a dos generales retirados y seis excoroneles.
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