La JEP le responde a críticas de Timochenko por declaraciones de Alejandro Ramelli

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a las preocupaciones expresadas por Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, tras las declaraciones del presidente del tribunal, Alejandro Ramelli.

Este afirmó que los delitos no juzgados por la justicia transicional podrían remitirse a la jurisdicción ordinaria, implicando incluso penas privativas de libertad.

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Las palabras de Ramelli generaron controversia, no solo entre excombatientes sino también en figuras políticas, quienes consideran que estas afirmaciones podrían comprometer la estabilidad del proceso de paz.

En una carta dirigida a la JEP, Londoño expresó que dichas declaraciones ponían en “vilo” los avances logrados en la construcción de paz.

Ante estas críticas, la JEP aseguró que mantiene el compromiso de ofrecer seguridad jurídica a los comparecientes que cumplan con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Paz, principalmente en cuanto a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.

“La seguridad jurídica de quienes han participado activamente en el proceso está garantizada”, afirmó la JEP en un comunicado oficial. Además, subrayó que su labor se enmarca en lo pactado en La Habana, reafirmando su papel como un pilar fundamental para consolidar la paz en el país.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las consecuencias para aquellos que no colaboren con el esclarecimiento de los hechos, dejando abierta la posibilidad de remitir esos casos a la justicia ordinaria, como lo anticipó Ramelli.

Toda una polémica generaron las declaraciones que dieron los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Alejandro Ramelli Arteaga, Catalina Díaz Gómez y Óscar Javier Parra Vera, en conversación con El Espectador, sobre las ejecuciones extrajudiciales que se han registrado en el país. Aseguraron no solo indicaron que hay 6.402 víctimas –cifra que ha sido cuestionada por políticos de derecha–, sino que se trató de una política implementada a nivel estatal.

“Con total convicción, afirmamos que fue un patrón de acción criminal que se manifestó en todo el territorio nacional que se desató por la política, de facto, de conteo de cuerpos que privilegió la eliminación física del supuesto enemigo o el cadáver caído en combate, como único indicador válido de éxito militar”, precisaron al medio citado.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado de ser presunto responsable de los mal llamados falsos positivos durante su administración (2002-2010), criticó las afirmaciones del tribunal de paz, que, según detalló, fue creada por presiones ejercidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.

“Hoy me veo obligado a hacer unos comentarios sobre la JEP, creada por imposición de las Farc, provistos sus jueces con mucho sesgo”, aseveró el exmandatario en el Foro Futuro Colombia del Centro Democrático, llevado a cabo el 30 de noviembre de 2024.

De acuerdo con el ex jefe de Estado, las ejecuciones extrajudiciales sí fueron perpetradas por integrantes del Ejército Militar en varias zonas del país; sin embargo, no se puede asegurar que fue toda una política de Estado la que impulsó el asesinato de civiles para que los militares pudieran presentar resultados.

“Yo no puedo aceptar la ligereza de la JEP de decir que los falsos positivos fueron una política de Estado. Los jueces, los políticos y en el periodismo, se tolera la ligereza, pero en la democracia es inadmisible la ligereza de la justicia”, precisó.