Las investigaciones lideradas por la Corte Suprema de Justicia han señalado a varios congresistas, incluyendo a Karen Astrid Manrique, de las Curules de Paz, y Wadith Manzur, del Partido Conservador, quienes decidieron renunciar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), organismo clave para aprobar las operaciones de crédito del Estado.
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La salida de Manrique y Manzur, únicos miembros activos de la comisión, dejó al organismo sin el cuórum necesario para sesionar, interrumpiendo los planes del gobierno para obtener empréstitos internacionales.
Entre ellos, un crédito por cinco mil millones de dólares destinado al Plan Financiero 2024, crucial para cubrir apropiaciones presupuestales. Esta parálisis complica el panorama económico en un momento crítico para las finanzas públicas.
Manzur comparecerá el 3 de diciembre ante el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en una investigación que busca determinar si existieron acuerdos ilícitos entre congresistas y el gobierno para aprobar proyectos financieros liderados por el Ministerio de Hacienda.
Este caso inició cuando Manrique, representante por Arauca, se reunió con Olmedo López, exdirector de la Ungrd, para identificar a los miembros de la Cicp que respaldaban los intereses del gobierno. Poco después, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, habría gestionado contratos por más de 92 mil millones de pesos para obras en Arauca, Córdoba y Bolívar, con el fin de asegurar el apoyo de legisladores.
Sin embargo, el estallido del escándalo evitó que dichos contratos se ejecutaran. En una entrevista, López señaló que el gobierno habría influido en Manzur para que apoyara las iniciativas del presidente Gustavo Petro en la Cicp. Manzur y Manrique fueron identificados como figuras clave en la coordinación de partidas presupuestales a cambio de la aprobación de proyectos gubernamentales.
Inicialmente, esta labor fue asumida por Manrique, pero luego pasó a Manzur, quien además tiene una investigación en curso sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2021-2022.
Manrique y Manzur están siendo investigados por presuntas irregularidades en la contratación pública. Durante su indagatoria ante la Corte Suprema, Manrique optó por guardar silencio, estrategia justificada por su abogado, Andrés Garzón, ante la falta de pruebas concretas.
Las investigaciones buscan esclarecer si existieron acuerdos ilícitos entre los congresistas y el gobierno para garantizar apoyo político en el Legislativo.
Además de estos dos congresistas, otros legisladores como Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera también están bajo investigación.
Ricardo Bonilla, en el centro de las acusaciones por direccionamiento de contratos
Las acusaciones incluyen supuestos direccionamientos de contratos a cambio de votos, lo que ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.
El Ministerio de Hacienda, liderado por Ricardo Bonilla, ha enfrentado críticas en medio de este escándalo. Bonilla ha sido señalado por Olmedo López, de presuntamente haber facilitado contratos para asegurar apoyo legislativo en proyectos clave del gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, Bonilla niega las acusaciones y expresa confianza en la justicia, afirmando que su compromiso con la gestión financiera permanece firme.
El escándalo ha dado un giro aún más grave con las revelaciones de Semana, que apuntan a Bonilla como parte de un esquema de compra de votos. Según audios y testimonios recuperados por Semana, Bonilla habría ordenado cumplir con acuerdos con congresistas a cambio de contratos de obra pública, gestionados por la exasesora María Alejandra Benavides.
Estos contratos habrían sido destinados a proyectos en localidades como El Salado (Carmen de Bolívar), Cotorra (Córdoba) y Río Bojabá (Arauca). La Fiscalía ha identificado a más implicados, como Juan Diego Echavarría, Jairo Castellanos, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, José Gnecco, Karina Espinosa y Rafael Oyola.
Benavides, clave en las investigaciones, explicó que los contratos se manejaban de manera discreta, utilizando sobres sellados para evitar rastros digitales y que las presiones provenían del Congreso para cumplir con los acuerdos.
Además, se mencionó a Juan José Oyuela, director de ejecución y operación de Invías, como un enlace entre el gobierno y los congresistas. Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, también se vio salpicado por el caso, ya que según Benavides, participó en reuniones relacionadas con la gestión de estos contratos. Velasco, por su parte, ha negado las acusaciones.