En el barrio Alameda, ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, se presentó un incidente de violencia doméstica: una mujer fue detenida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, acusada de tentativa de homicidio agravado tras atacar a su esposo con un cuchillo de cocina.
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El suceso, según informaron las autoridades, fue provocado por la revelación de una presunta infidelidad de la mujer, que su pareja descubrió al revisar el celular de su esposa y encontrar lo que consideró evidencia de la traición.
El altercado comenzó cuando el hombre descubrió los indicios de infidelidad, lo que desató una discusión acalorada que rápidamente se transformó en una confrontación física.
Durante la pelea, la mujer, en un arranque de ira, tomó un cuchillo y apuñaló a su esposo en varias ocasiones, causándole heridas graves. El hombre fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde recibió atención urgente que le permitió salvar la vida, aunque las heridas dejaron secuelas tanto físicas como emocionales.
Tras el ataque, las autoridades capturaron a la mujer, quien aceptó los cargos durante su audiencia. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento domiciliario mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía Seccional Bogotá formalizó los cargos por tentativa de homicidio agravado, y se espera que, una vez recuperado, el esposo decida si tomará acciones legales adicionales contra su esposa.
Violencia intrafamiliar en Bogotá
La Cámara de Comercio de Bogotá define la violencia intrafamiliar como cualquier abuso de poder dentro del núcleo familiar, que puede manifestarse de manera física, psicológica, sexual, patrimonial o económica.
La población infantil, los niños y niñas de 6 a 12 años constituyeron el 10% de los casos atendidos, mientras que los de 13 a 17 años representaron el 7%, y los menores de 5 años el 6%. Los hombres también fueron víctimas, con 7.763 casos reportados, lo que equivale al 26% del total.
Para abordar esta problemática, el Distrito ha implementado diversas estrategias. Una de ellas es la campaña “Casa a Casa el Cuidado se Contagia”, que busca informar y orientar a las familias sobre la violencia intrafamiliar. Además, se ha fortalecido el trabajo en masculinidades no violentas y el reconocimiento de los derechos humanos para construir relaciones democráticas dentro de las comunidades.
La Escuela de Formación del Consejo Distrital es otra iniciativa que busca generar entornos protectores y seguros, promoviendo buenas prácticas y agendas relacionadas con los derechos humanos. Asimismo, el Plan Distrital de Prevención “Creer y crear para prevenir las violencias” ha sido diseñado para la atención integral de las víctimas de violencia intrafamiliar y explotación sexual.
Expertos como la psicóloga Marcela Rincón Antolines señalan que es crucial empoderar a las víctimas y proporcionarles acceso a un equipo interdisciplinario de apoyo. Además, destacan la importancia de la educación desde edades tempranas para prevenir la repetición de patrones violentos en la adultez.
Para quienes sufren de violencia intrafamiliar, existen recursos como la línea telefónica “Una llamada de vida” y la Línea Púrpura, que ofrecen orientación y protección a las víctimas. También se disponen de casas de refugio para mujeres y la línea Calma para hombres, que proporcionan apoyo psicológico y legal.
La respuesta judicial: la Corte Constitucional toma medidas para garantizar justicia efectiva
El reciente caso de Alameda no solo llama la atención sobre la urgencia de prevenir la violencia intrafamiliar, sino también sobre las deficiencias en la atención que reciben las víctimas.
La Corte Constitucional de Colombia ha señalado la necesidad de capacitar al personal de las comisarías de familia en perspectiva de género y violencia intrafamiliar, tras revisar casos donde las víctimas enfrentaron trabas y revictimización.
En una decisión reciente, la Corte ordenó al Ministerio de Justicia implementar formaciones obligatorias para los funcionarios encargados de atender estos casos. Además, subrayó que los mecanismos de protección deben ser ágiles, eficaces y sensibles al contexto de las víctimas, evitando acciones u omisiones que perpetúen el daño.