El Gobierno Petro intensifica sus esfuerzos para enfrentar los retos económicos de cierre de año, mientras se prepara para posibles ajustes presupuestales en caso de que la reforma tributaria no avance en el Congreso.
A pesar de la urgencia, el panorama legislativo muestra desacuerdos entre las bancadas, lo que amenaza con retrasar las soluciones propuestas. Asimismo, hay quienes se refieren a las polémicas de las que es protagonista el ministro Ricardo Bonilla como posibles impedimentos para los propósitos financieros del Gobierno.
El Ministerio de Hacienda proyecta un presupuesto de 523 billones de pesos para 2025, pero enfrenta un déficit de doce billones que requiere financiación.
Según el titular de esta cartera, Ricardo Bonilla, si para el 2 de enero no se ha aprobado la reforma fiscal, será necesario aplicar un aplazamiento presupuestal para ajustar las cifras y garantizar la estabilidad de las finanzas públicas.
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En un intento por acelerar las discusiones, Bonilla ha sostenido reuniones con los ponentes de la llamada ley de financiamiento. Esta iniciativa busca no solo equilibrar las cuentas del Estado, sino también impulsar el desarrollo de municipios pequeños, incentivar la inversión empresarial y promover la reactivación económica. Sin embargo, las comisiones económicas del Congreso aún no han alcanzado un consenso, lo que retrasa el debate y la eventual votación.
“Si el 2 de enero no ha habido discusión del proyecto de ley de financiamiento o hay una aprobación parcial, en esa fecha tengo que decir qué tanto del presupuesto quedó financiado y qué tanto no, y entonces tengo que hacer un aplazamiento por esa cantidad para 2025″, señaló el funcionario.
Opiniones divididas en el Congreso
La propuesta gubernamental enfrenta resistencia en el Legislativo. Efraín Cepeda, presidente del Senado, señaló la complejidad de la ley y los desafíos que implica su aprobación. Por ejemplo, desmantelar el régimen simple de tributación afectaría a miles de microempresarios que se acogieron a este esquema.
Desde la oposición, Christian Garcés, representante del Centro Democrático, presentó una ponencia negativa al proyecto, argumentando que medidas como el aumento del impuesto al carbono elevarían los costos de servicios básicos como gas y energía, afectando directamente a los ciudadanos. Además, cuestionó los cambios propuestos a la regla fiscal, advirtiendo que generarían incertidumbre en los mercados y encarecerían el pago de la deuda nacional.
“Vamos a defender el bolsillo de los colombianos, porque el impuesto aumentado al carbono significará un crecimiento de los costos del gas, la gasolina, el diésel y la energía eléctrica para todos los colombianos”, dijo el congresista.
Obstáculos adicionales en la búsqueda de recursos
En paralelo, el gobierno enfrenta dificultades para acceder a financiación internacional. Una reciente sesión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), destinada a gestionar préstamos externos por 5.000 millones de dólares, no logró avances debido a la falta de cuórum. Este impasse complica aún más la obtención de recursos necesarios para el Plan Financiero 2024, que depende en gran medida de la banca multilateral.
La coyuntura fiscal se agrava por acusaciones contra el ministro Bonilla relacionadas con presuntos casos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Aunque el presidente Gustavo Petro defendió públicamente al funcionario, atribuyendo los problemas fiscales a maniobras de la oposición, las declaraciones generaron fricciones con partidos como el Conservador.
Esta colectividad emitió un comunicado rechazando las acusaciones y responsabilizando al Ejecutivo de los riesgos macroeconómicos debido a errores en la gestión de proyectos legislativos y en las proyecciones de recaudo tributario. Además, criticaron el intento de aumentar la carga impositiva mientras el gobierno tiene pendientes 97 billones de pesos en ejecución presupuestal.
El gobierno de Petro enfrenta un escenario complejo, marcado por tensiones políticas y desafíos económicos. Con un Congreso dividido y un tiempo limitado para aprobar la reforma tributaria, las posibilidades de comenzar 2025 con estabilidad fiscal parecen depender de negociaciones rápidas y efectivas en los próximos días. Sin embargo, las críticas de la oposición y las dificultades para acceder a recursos internacionales ponen en entredicho la viabilidad de las medidas propuestas.