El martes 3 de diciembre, como lo han registrado varios medios de comunicación, la Fiscalía General dio a conocer la declaración juramentada de Reinel Sierra, escolta de Sneyder Pinilla, que relató que el 12 de octubre de 2023 compró una maleta en la que Sandra Ortiz habría transportado tres mil millones de pesos para Iván Name, expresidente del Senado, salpicado en este escándalo.
Las declaraciones fueron hechas el 29 de noviembre del año en curso en medio de las investigaciones que tienen contra las cuerdas a más de un congresista y funcionario del Gobierno.
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El complejo panorama judicial de Sandra Ortiz: piden medida de aseguramiento
La Fiscalía General de la Nación ha solicitado la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd). Según la investigación, una red criminal se habría aprovechado de las declaratorias de desastre nacional y calamidad pública para desviar contratos a cambio de sobornos.
El esquema era liderado, de acuerdo con la Fiscalía, por Olmedo López, entonces director de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, su subdirector. Los contratos fraudulentos beneficiaron principalmente a Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”, quien utilizó más de 30 empresas, incluyendo Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S., para concretar los acuerdos ilícitos.
Sandra Ortiz, figura clave dentro del gobierno de Gustavo Petro involucrada en este caso, es señalada de gestionar el traslado de $3.000 millones en efectivo hacia Iván Name, expresidente del Senado, bajo instrucciones de Carlos Ramón González. Parte de estos fondos, según los audios presentados por la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar la campaña política de María Clara Name, hija del congresista, para las elecciones regionales de 2023.
Los audios revelan detalles de reuniones sostenidas entre Ortiz, López y Name, incluyendo un desayuno en el que se discutió la ampliación de un contrato de interés para Name y el respaldo financiero a la candidatura de su hija. Ortiz habría utilizado vehículos oficiales asignados a su seguridad para transportar el dinero en dos entregas de $1.500 millones cada una.
Este caso, que salpica a altas figuras del gobierno y expone graves irregularidades en la gestión de recursos destinados a emergencias nacionales, pone en la mira la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas. La Fiscalía avanza en su investigación para esclarecer responsabilidades y sancionar a los implicados.
Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió salpicado por exasesora
María Alejandra Benavides declaró ante la Fiscalía que Bonilla tenía conocimiento de prácticas irregulares en la adjudicación de contratos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), que suman un total de 92.000 millones de pesos. Según su testimonio, “todo, absolutamente todo, necesitaba autorización” del ministro, insinuando que Bonilla habría permitido que a cambio de ciertos beneficios en la aprobación de recursos en el Congreso, se otorgaran contratos específicos.
Además, la exasesora afirmó que el ministro la habría utilizado para ejecutar estas acciones y que su posición como jefe de la cartera de Hacienda fue instrumental en dichas presuntas irregularidades. Estas declaraciones refuerzan las sospechas en torno a posibles vínculos del ministro con hechos de corrupción en la Ungrd, un organismo clave en la atención de desastres y emergencias en el país.
Entre otras cosas, la exfuncionaria aseguró que Bonilla tenía conocimiento de los negocios ilícitos que se habrían orquestado en relación con el escándalo de corrupción de la Ungrd: “El ministro sabía que Sneyder o más bien, que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?(...)Sí señora, él lo sabía”.