Luego de que se conocieron nuevos detalles del caso de corrupción revelado en noviembre de 2023 por medios de comunicación, que ha generado múltiples críticas al Gobierno Petro por incumplir una de las promesas que hizo el máximo líder del Pacto Histórico en campaña, la investigación sigue avanzando por pesquisas que lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación.
Por ejemplo, un informe de Noticias Caracol dio a conocer que la ex asesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides comentó al ente investigativo que el actual jefe de cartera, Ricardo Bonilla, el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco tenían conocimiento de la compra de congresistas por medio de contratos con la Ungrd.
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Dichos contratos rondarían los 92.000 millones de pesos; además, la conexión entre el caso y los políticos mencionados sería del interés de los mismos sindicados para la aprobación de créditos internacionales para Colombia, que rondaban los 1.000 millones de pesos.
Luego de que se aprobó uno de los créditos propuestos por el Gobierno, se emitió una resolución en la que se daba a conocer que se destinaban 700.000 millones de pesos a la Ungrd, monto del cual habría salido el dinero para pagar los contratos amañados.
Cabe destacar que, la participación de Sandra Ortiz en este entramado de corrupción radica en haber sido el enlace para la entrega de sobornos al senador Iván Name, al actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al representante Andrés Calle. De hecho, ella ha sido una de las principales personas investigadas por este caso.
Frente a ello, en la mañana del 3 de diciembre, la Fiscalía solicitó medida preventiva de cárcel contra la ex consejera presidencial para las regiones mientras avanza la investigación. Hay que mencionar que a Ortiz se le imputaron los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Según la Fiscalía, ella coordinó la transferencia de hasta 3.000 millones de pesos; incluso, algunas imágenes que tendría en su poder el ente acusador lo demostrarían.
Ante esta decisión, varios políticos salieron a dar su opinión frente al proceso que se lleva en contra de Ortiz y uno de ellos fue el concejal Daniel Briceño, militante del partido Centro Democrático, que ha comentado sobre esta situación en reiteradas oportunidades. En esta ocasión, el cabildante recordó que la exsenadora del Partido Verde hizo parte de la consulta popular que llevó a cabo la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y que tiene vínculos con el actual gobernador de Boyacá.
“Nunca olvidar que Sandra Ortiz era cuota del Partido Verde en el gobierno Petro”, inició el cabildante en su cuenta de X, recordando el vínculo que existe entre la hoy procesada y el actual presidente. También afirmó que ella hizo parte en la consulta “anticorrupción de Claudia López”, ocasión en la que fue líder de este proceso. Finalmente, agregó que es una persona cercana al político del partido Alianza Verde Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá.
De este último se sabe que hizo parte de una investigación por corrupción en 2022, por el detrimento de más de 4.300 millones de pesos durante su gestión como gobernador del departamento conocido como el cercado del cacique. En este caso, en principio, se habría adjudicado un contrato por prestación de un servicio a poblaciones adulto mayor en Tunja, pero los mayores nunca fueron atendidos.
El caso continuará avanzando para establecer responsabilidades de otros funcionarios en el entramado, donde Ortiz aseguró no haber cometido ningún ilícito y que las acusaciones no tienen fundamento, pese a las pruebas aportadas por los investigadores que llevan el caso.