Centro Democrático desmintió a Rtvc frente a versión de que exasesora de Ricardo Bonilla es uribista

Son varios los cuestionamientos que han caído sobre Rtvc y su director, Holman Morris, luego de que en el informativo del 2 de diciembre saliera una nota en la que se aseguraba de un supuesto pasado uribista de María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.

Prácticamente, allí se insinúa que es la tendencia ideológica de la exfuncionaria la que la llevó a hacer declaraciones en contra del titular de la cartera económica en relación con presuntas acciones de corrupción.

El partido opositor Centro Democrático se desmarcó de la supuesta adhesión ideológica de Benavides y señaló que la exfuncionaria nunca ha hecho parte de esa colectividad política. Esta afirmación la señalaron a través de un comunicado de prensa.

“Es evidente que las declaraciones entregadas por congresistas de izquierda en la información publicada por RTVC, solo buscan distraer a la opinión pública de los graves escándalos de corrupción que rodean al Gobierno y que ahora salpican al jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla”.

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Desde el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez aprovecharon para hacer exigencias al ministro Bonilla, señalando que es su responsabilidad dar claridad sobre todas las acusaciones que hoy lo tienen como protagonista de un álgido debate en la opinión pública nacional.

“El ministro debe explicarle al país y responder ante la opinión pública y los organismos de justicia por las graves acusaciones de corrupción que pesan en su contra. No les queda bien a los congresistas de los partidos de Gobierno justificar hechos tan delicados como los denunciados alrededor de la UNGRD y otras entidades del Estado. Cuánto daño le ha hecho al país la “mermelada”. Hacemos un llamado al pueblo colombiano a no resignarnos ante la corrupción”, señalan.

Benavides declaró ante la Fiscalía que Bonilla tenía conocimiento de prácticas irregulares en la adjudicación de contratos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), que suman un total de 92.000 millones de pesos. Según su testimonio, “todo, absolutamente todo, necesitaba autorización” del ministro, insinuando que Bonilla habría permitido que a cambio de ciertos beneficios en la aprobación de recursos en el Congreso, se otorgaran contratos específicos.

Además, la exasesora afirmó que el ministro la habría utilizado para ejecutar estas acciones y que su posición como jefe de la cartera de Hacienda fue instrumental en dichas presuntas irregularidades. Estas declaraciones refuerzan las sospechas en torno a posibles vínculos del ministro con hechos de corrupción en la Ungrd, un organismo clave en la atención de desastres y emergencias en el país.

Entre otras cosas, la exfuncionaria aseguró que Bonilla tenía conocimiento de los negocios ilícitos que se habrían orquestado en relación con el escándalo de corrupción de la Ungrd: “El ministro sabía que Sneyder o más bien, que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?(...)Sí señora, él lo sabía”.

Desde el ámbito judicial, el proceso podría intensificarse dependiendo de la valoración que haga la Fiscalía de los nuevos testimonios y las pruebas en el caso. Aunque la defensa de Bonilla sostiene que los hallazgos presentados hasta ahora respaldan su inocencia, las declaraciones de Benavides podrían llevar a una nueva etapa de investigaciones y aumentar la presión sobre el ministro.

El caso de Ricardo Bonilla evidencia cómo las acusaciones de corrupción pueden generar repercusiones significativas tanto en la esfera política como en la judicial. Por un lado, se cuestiona la capacidad del ministro para liderar una de las reformas económicas más importantes del gobierno mientras enfrenta este escándalo; por otro, se pone a prueba la independencia y efectividad de la justicia en casos que involucran a altos funcionarios públicos.