Revelan cómo habría sido el “pacto secreto” para la presunta compra de congresistas por parte del Gobierno: Bonilla y Velasco salpicados

En medio del escándalo que involucra al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al extitular del Interior Luis Fernando Velasco, como presuntos responsables del direccionamiento de multimillonarios contratos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se revelaron 1 de diciembre de 2024 nuevos audios que comprobarían un “pacto secreto” para, al parecer, favorecer a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp).

María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, reveló a la Fiscalía un presunto arreglo entre altos funcionarios del Ejecutivo para destrabar la aprobación de créditos internacionales mediante la compra de votos de congresistas. Según Noticias Caracol, Benavides detalló cómo su exjefe, Bonilla, el exministro Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, supuestamente orquestaron un acuerdo para acelerar la aprobación de créditos esenciales para la nación.

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En uno de los audios presentados por el citado medio, Benavides describió la presión para que la Cicp diera su aprobación a créditos que sumaban más de 3,8 billones de pesos (1.000 millones de dólares). La urgencia se hizo evidente el 6 de diciembre de 2023, fecha clave según la exfuncionarios, ya que ese día solo un crédito fue aprobado.

“El ministro Velasco me llama al celular. Me dice: ‘María Alejandra, ¿cómo van los temas?’. Y yo digo: ‘¿Qué está haciendo el ministro Velasco llamándome?’. Yo le dije: ‘ministro, estoy esperando la instrucción del ministro Bonilla’. Y esto me lleva a un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de esto. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito”, resaltó en su declaración ante el órgano judicial.

“Fiscal, en esa reunión se acuerda que quien tiene que empezar a moverse con la Unidad de Gestión del Riesgo es el ministro Velasco, cuando era ministro. Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones, yo no participaba, yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía, pero no participaba. Tampoco quería. Pero Bonilla y Velasco hablaron. Y el ministro Bonilla le dijo: ‘Usted tiene que ayudarme, usted tiene que hacer algo también’”, indicó la mujer.

Más adelante, según los testimonios de Benavides, el 11 de diciembre de 2023, mediante la resolución 3202, el ministro Bonilla habría transferido $700.000 millones a la Ungrd, de los cuales $92.000 millones se destinarían a contratos direccionados para congresistas. Una tabla en excel enviada al exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla, desglosaba estos contratos en regiones como Córdoba, Arauca, y Bolívar, y fue, presuntamente, gestionada con la ayuda de Jaime Ramírez Cobo.

“Para mí es importante que ustedes sepan que el 12 de diciembre a las 7 de la mañana había una interparlamentaria citada. Jaime sabía de la urgencia. Jaime sabía que tenía que gestionar esos cupos indicativos. Él sabía que tenían que salir. Y Velasco, también, los tenían clarísimos. Por lo tanto, yo, después de que Jaime tuviese la tabla, sigo hablando con él. 11 de diciembre. Yo le digo a las 2:55 de la tarde: ‘¿Te la llevo con nombres o sin nombres?’. Y él me responde a las 2:56: ‘Con nombres ocultos jaja’”, expresó.

“El ministro Velasco accedió. Jaime Ramírez Cobo, como enlace de la presidencia, y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del Gobierno Nacional, también tenía que intervenir ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, agregó.

En efecto, Ramírez Cobo era el enlace entre el Ejecutivo y el legislativo y, de acuerdo a información proporcionada por Benavides a la Fiscalía, intensificó la atención sobre el escándalo político, especialmente con la presencia en este entramado de la representante Karen Manrique: congresista por las curules de paz, que habría liderado las gestiones de contrataciones a nombre de otros congresistas ante el Gobierno nacional.

“¿Qué hago en ese momento? Le escribo a Karen Manrique, quien era la mayor interesada en el proyecto Arauca”, relató a Noticias Caracol.

Esto coincidiría con lo que indicó a la Corte Suprema de Justicia, en la audiencia del 25 de julio de 2024, el exdirector de la Ungrd Olmedo López, que ya había relacionado a Manrique, cómo coincidió con el esquema presentado por Benavides.

En este contexto, en el que tenían una especie de carrera ‘contrarreloj’, el 12 de diciembre la presión se intensificó y cinco de los créditos pendientes fueron aprobados, aunque la aprobación del crédito para Findeter por 150 millones de dólares, aproximadamente 568.000 millones de pesos, se retrasó hasta el 15 de diciembre.

En su declaración ante el ente acusador, Benavides relató que tuvo que recurrir directamente a los congresistas durante la sesión para asegurar contratos. Son ellos, además de Manrique, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, y al exparlamentario Juan Diego Muñoz Cabrera.

“El 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo fiscal, todo es simultáneo, lo que yo hago con Sneyder Pinilla, él pide los contactos, no es cogerlos de chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas, porque los congresistas eran los que ya estaban conectados para la sesión, que era los que iban a votar. Y que yo se los pidieran a ellos específicamente, era mostrarles que sí iba a salir. Era la gestión que me habían pedido que hiciera”, reveló.

Las declaraciones de Benavides han causado un revuelo en el ámbito político, como la de los implicados en este escándalo de marca mayor para el proyecto progresista. “Confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores pero no delitos”, dijo el ministro Bonilla en su cuenta de X. Mientras, el exministro Velasco explicó en un chat con Noticias Caracol que el tema de endeudamiento siempre ha sido responsabilidad del Ministerio de Hacienda.

Y es que mientras Benavides intenta negociar con la justicia en medio de amenazas contra su vida, los congresistas implicados, aunque defienden su inocencia, ya enfrentan indagatorias formales ante la Corte Suprema, que es el ente encargado de investigarlos por su fuero constitucional. De esta forma, el escándalo amenaza con ampliar su alcance a medida que salen más detalles a la luz, en un hecho contraproducente para el Gobierno de Gustavo Petro.