Presidente de la Andi lanzó dardos a ministro de Minas por importación de gas: “Esto es lo que produce ignorar las alarmas”

La confirmación de que Colombia importará gas natural para abastecer toda la demanda nacional encendió un debate entre el sector empresarial y el Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), y Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, se han enfrentado públicamente sobre los motivos y las consecuencias de esta decisión.

Los cuestionamientos han ido creciendo y el sector privado no ha ocultado su preocupación ante lo que considera un retroceso en la autosuficiencia de Colombia.

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Mac Master criticó abiertamente la decisión del Gobierno de recurrir al gas importado para satisfacer la demanda interna, un hecho que, según él, contradice las declaraciones oficiales que minimizaron esta posibilidad.

Mac Master recordó que desde febrero de este año, la Andi advirtió sobre los riesgos de un posible desabastecimiento. Estas alertas, afirmó, fueron desestimadas por las autoridades, calificándolas de alarmistas, lo que ahora habría llevado al país a importar gas para cubrir las necesidades de diferentes sectores.

“Me da pena contradecir a MinMinas, pero el 29 de noviembre en un barco que arribó a Cartagena se descargó el gas natural que va a ser despachado para operadores distintos a las térmicas es decir ciudadanos, comercio e industria. El despacho diario será de alrededor de 40 millones de pies cúbicos. En otras palabras la importación ya se hizo y el gas ya está haciendo despachado”, escribió en X.

“Esto es lo que habíamos advertido iba a suceder en diciembre, desde el mes de febrero, el negacionismo siempre termina con una realidad que demuestra la verdad”, añadió.

El dirigente empresarial reveló detalles sobre la reciente llegada de un cargamento de gas natural en Cartagena el pasado 29 de noviembre. Según Mac Master, este suministro no solo abastecerá a las plantas térmicas, como sostiene el Gobierno, sino también a hogares, comercios e industrias. Estimó que el despacho diario será de unos 40 millones de pies cúbicos, señalando que la decisión de importar gas es una consecuencia directa de ignorar las proyecciones del gremio.

Por su parte, el ministro Andrés Camacho defendió la medida como un acto de previsión y una forma de garantizar la confiabilidad del sistema energético. Explicó que la infraestructura para importar gas ha estado disponible desde 2016, diseñada inicialmente para cubrir emergencias en las plantas térmicas.

Además, resaltó que la reciente habilitación de importaciones, que cubren hasta el 3,8% de la demanda nacional, no implica un uso inmediato del recurso, sino que este estará disponible de forma contingente, dependiendo de las necesidades energéticas que surjan.

Camacho enfatizó que el gas nacional seguirá siendo la prioridad, con el objetivo de evitar que estas importaciones afecten las tarifas de los consumidores. También destacó que el Gobierno ha implementado mecanismos que flexibilizan el comercio de gas en el país, aunque admitió que los balances mensuales determinarán si es necesario recurrir al recurso importado.

El intercambio entre Mac Master y Camacho ocurre en un contexto de creciente preocupación por el futuro del suministro de gas en Colombia. De acuerdo con proyecciones del Gestor del Mercado del Gas Natural, el país enfrentará déficits significativos en los próximos años, con una escasez estimada del 8,2% en 2025 y del 20,6% en 2026.

Esta situación ha llevado a una mayor tensión entre el Gobierno y los empresarios, quienes cuestionan la capacidad de las autoridades para gestionar los desafíos energéticos.

Mientras el Ministerio de Minas y Energía insiste en que las importaciones son una medida preventiva, el sector privado alerta sobre los riesgos de no tomar decisiones estructurales para garantizar el abastecimiento a largo plazo.

El uso de gas importado podría tener implicaciones directas en los costos para los consumidores y para sectores como el comercio y la industria, que dependen del suministro constante y accesible de este recurso.

Aunque el Gobierno asegura que la prioridad es minimizar cualquier impacto en las tarifas, la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las reservas y el aumento en la demanda generan preocupación.

Este choque entre la visión gubernamental y empresarial pone de manifiesto la necesidad de un diálogo más amplio y de estrategias integrales para enfrentar la transición energética en el país, garantizando tanto la seguridad energética como la estabilidad económica para los distintos actores.