En el último debate sobre la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), la congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, expresó su preocupación por los efectos económicos que este proyecto tendría sobre el país, al señalar que el costo del proyecto podría alcanzar entre 218 y 263 billones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Esta propuesta, impulsada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y apoyada por el presidente, sugiere cambios en los artículos 356 y 357 de la Constitución con el fin de incrementar los recursos destinados a los departamentos y municipios.
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El proyecto original proponía aumentar al 46,5% la proporción de los ingresos corrientes de la Nación que se destinan a los territorios. No obstante, después de analizar la viabilidad financiera, el Congreso optó por reducir esta cifra a un 39,5%. Actualmente, el SGP asigna alrededor del 24% de los ingresos nacionales a las regiones; este aumento tiene como objetivo mejorar la capacidad de las administraciones locales para abordar áreas fundamentales como salud, educación básica, agua potable y saneamiento.
Luego de votar sobre los impedimentos, se presentó una propuesta para archivar el acto legislativo de la representante de Katherine Miranda. La congresista reafirmó que la iniciativa, que busca aumentar los giros del 23,8% al 39,5% en un plazo de 12 años, pondría en riesgo la estabilidad del Estado. Además, afirmó que los legisladores están siendo manipulados por intereses “preelectorales”. Por lo que la legisladora advirtió que esta propuesta no solo pondría en riesgo la estabilidad financiera del Estado, sino que podría generar una crisis fiscal de magnitudes desconocidas.
Miranda detalló que, según un derecho de petición realizado al Ministerio de Hacienda, el costo de la reforma sería tan alto que implicaría la necesidad de realizar hasta nueve reformas tributarias adicionales entre 2027 y 2035 para cubrir los gastos derivados de su implementación. “Esto no es una afirmación mía, es lo que dice el Ministerio de Hacienda”, recalcó la legisladora, que además mencionó que el ministro de dicha cartera no respondió a su solicitud de información sobre el costo real de la reforma.
La respuesta de la cartera fue la siguiente: “Considerando que las últimas seis reformas tributarias en su primer año han recaudado en promedio 16 billones de pesos, a precio 2024 se requerirían alrededor de nueve reformas tributarias de esta misma magnitud entre 2027 y 2035 para financiar las presiones se gastó que implicaría aprobar las disposiciones propuestas en el proyecto de acto legislativo”, como Miranda dio a conocer.
Katherine Miranda expresó su preocupación sobre el presupuesto para 2025, al señalar que “el presupuesto para el próximo año será de 523 billones de pesos y ¿saben en cuánto va a ser inflexible? En un 91%. Y nos echan el cuento de que van a generar una ley de competencias. ¿Saben cuáles son las competencias que le van a terminar transfiriendo a los territorios? Que terminen pagando la deuda externa, pensiones, defensa y seguridad, eso es lo que van a transferir, porque o sino se necesitarían 9 reformas tributarias”.
Además, añadió que “no podemos ser ciegos y sordos ante lo que dice el Banco de la República, que dice que esta reforma aumentará los riesgos macroeconómicos”.
Enseguida, Miranda criticó al representante liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), acusándolo de incluir en la ponencia un principio de sostenibilidad fiscal en el mediano plazo que “no existe”. La congresista cuestionó: “¿Cuál criterio utilizan los ponentes para modificar un texto que se aprobó en la Comisión Primera de Cámara y ahora nos traen otro texto?”.