Defensa del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla pidió reunión urgente con fiscal ante la Corte Suprema por escándalo de la Ungrd

En medio de la preparación para presentar la segunda reforma fiscal del gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, está en el centro de una polémica tras las recientes declaraciones de su exasesora María Alejandra Benavides, que lo señala de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esto no solo lo habría salpicado a él, sino a otras personas cercanas al Gobierno.

Es por ello que, a toda costa, Bonilla parece querer limpiar su nombre y disipar toda nube de duda que sobre él se halle ante la opinión pública, habida cuenta de que si quiere que la tributaria prospere necesita estar bien parado.

La defensa del ministro, a cargo del abogado Mauricio Pava, solicitó una reunión con la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para evaluar el estado actual de la investigación. Según Pava, este encuentro es crucial para analizar integralmente los elementos del proceso, especialmente tras la filtración de las declaraciones de Benavides, reveladas por Noticias Caracol.

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El abogado enfatizó que estas declaraciones contradicen pruebas previamente presentadas por la defensa ante el Tribunal Superior de Bogotá, las cuales, según afirma, cuentan con el aval tanto del tribunal como de la Corte Suprema de Justicia. Pava subrayó que esta situación no solo pone en riesgo la percepción pública sobre el caso, sino que podría alterar el curso del proceso judicial.

Benavides declaró ante la Fiscalía que Bonilla tenía conocimiento de prácticas irregulares en la adjudicación de contratos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), que suman un total de 92.000 millones de pesos. Según su testimonio, “todo, absolutamente todo, necesitaba autorización” del ministro, insinuando que Bonilla habría permitido que a cambio de ciertos beneficios en la aprobación de recursos en el Congreso, se otorgaran contratos específicos.

Además, la exasesora afirmó que el ministro la habría utilizado para ejecutar estas acciones y que su posición como jefe de la cartera de Hacienda fue instrumental en dichas presuntas irregularidades. Estas declaraciones refuerzan las sospechas en torno a posibles vínculos del ministro con hechos de corrupción en la Ungrd, un organismo clave en la atención de desastres y emergencias en el país.

Entre otras cosas, la exfuncionaria aseguró que Bonilla tenía conocimiento de los negocios ilícitos que se habrían orquestado en relación con el escándalo de corrupción de la Ungrd: ”El ministro sabía que Sneyder o más bien, que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?(...)Sí señora, él lo sabía”.

Desde el ámbito judicial, el proceso podría intensificarse dependiendo de la valoración que haga la Fiscalía de los nuevos testimonios y las pruebas en el caso. Aunque la defensa de Bonilla sostiene que los hallazgos presentados hasta ahora respaldan su inocencia, las declaraciones de Benavides podrían llevar a una nueva etapa de investigaciones y aumentar la presión sobre el ministro.

El caso de Ricardo Bonilla evidencia cómo las acusaciones de corrupción pueden generar repercusiones significativas tanto en la esfera política como en la judicial. Por un lado, se cuestiona la capacidad del ministro para liderar una de las reformas económicas más importantes del gobierno mientras enfrenta este escándalo; por otro, se pone a prueba la independencia y efectividad de la justicia en casos que involucran a altos funcionarios públicos.

En medio de la controversia, el país sigue atento a los próximos movimientos de la Fiscalía y a la postura que adopte el gobierno frente a las acusaciones, que podrían marcar un antes y un después en la trayectoria del ministro y en la administración de Gustavo Petro.