La Contraloría de Bogotá detectó anomalías en los acuerdos para el mantenimiento de las cámaras de seguridad ciudadana, vigentes desde 2021 hasta la actualidad.
La investigación reveló pagos duplicados, cobros improcedentes por tareas inexistentes y deficiencias en la inspección. Como consecuencia, casi la mitad de los dispositivos de videovigilancia permanecen inoperativos en la ciudad.
Estos descubrimientos, que representan un posible perjuicio económico al erario de la capital de Colombia por $5.379 millones de pesos, fueron remitidos a la dirección de responsabilidad fiscal. Dicha instancia determinará los implicados en estos hechos irregulares.
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El dictamen, que examinó diez contratos como ejemplo representativo con una inversión cercana a los $108.000 millones, pone al descubierto la concurrencia de pagos por tareas de mantenimiento. Asimismo, evidencia cargos injustificados por dispositivos inoperativos y falencias en la inspección y supervisión de los trabajos. Según la entidad fiscalizadora, estas irregularidades denotan graves deficiencias en los mecanismos para administrar y vigilar los recursos públicos destinados a reforzar la seguridad de los habitantes de la capital.
El órgano de control del Distrito Capital evidenció anomalías tanto en las labores de supervisión como en las de interventoría de los convenios para el sostenimiento de las 5.824 cámaras de seguridad. Esta situación habría propiciado que alrededor del 45% de estos dispositivos de videovigilancia permanecieran inoperativos.
En ese contexto, el ente de control de la capital del país escogió diez contratos como muestra representativa para realizar la auditoría. Únicamente en esos diez convenios, la Secretaría de Seguridad desembolsó aproximadamente $108.000 millones durante los períodos comprendidos entre 2021 y 2023.
“Las irregularidades detectadas por la Contraloría de Bogotá están relacionadas principalmente con millonarios pagos por mantenimientos correctivos basados en diagnósticos fallidos, lo que llevó a que el 45% de las cámaras de vigilancia permanecieran fuera de servicio. En total, auditamos 10 contratos de mantenimiento de cámaras, en los que la Secretaría de Seguridad invirtió $108,000 millones durante las vigencias 2021 a 2023”, explicó Rober Palacios Sierra, director Seguridad, Convivencia y Justicia de la Contraloría de Bogotá.
Se informó que estos hallazgos fueron remitidos a la dirección encargada de determinar responsabilidades fiscales y ejercer la jurisdicción coactiva dentro del ente de control. El propósito es dar apertura al respectivo proceso para establecer quiénes serán sujetos de responsabilidad patrimonial, con miras a lograr la recuperación de los recursos públicos que hayan sido detrimentados.
En relación con este caso, la senadora María Fernanda Cabal mediante su cuenta de X comentó que el actual Gobierno nacional no ha entregado soluciones con respecto a temas de corrupción y recordó controversia que la administración pública del país ha tenido que sortear como el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
“La corrupción es la plaga que impide el desarrollo del país. Nada cambió con el actual gobierno que parece resolvió pasar la historia con hechos como la violación de topes de campaña, la plata de la UNGRD, el pago de favores con contratos entre otros”, comentó en su cuenta de X sobre este caso la legisladora perteneciente al partido de oposición, Centro Democrático.
Por otro lado, por varios meses, desde la gestión precedente de la exmandataria Claudia López, distintos concejales de la capital colombiana han estado advirtiendo sobre el elevado porcentaje de dispositivos de videovigilancia que se encuentran inoperativos en la urbe.
La más reciente advertencia provino de la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, quien tras recibir las respuestas a un derecho de petición, alertó sobre el alto porcentaje de dispositivos de videovigilancia que en la actualidad no se encuentran operativos al servicio de la administración distrital.
“Esta es una situación que deja a importantes zonas de la capital sin una vigilancia adecuada”, dijo la concejal Diana Diago en el mes de noviembre, un mes antes de las irregularidades que dio a conocer la Contraloría recientemente.
Diago también previno en aquella ocasión que este escenario resulta preocupante, pues impacta mayormente a localidades con altos índices de inseguridad como Ciudad Bolívar y Kennedy, donde 189 y 187 dispositivos de videovigilancia, en su orden, permanecen inoperativos.
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