Estos serían los predios de congresistas que están en líos por posibles irregularidades en su adquisición: algunos vinculados al paramilitarismo

No cesan los esfuerzos del Gobierno nacional para cumplir con la promesa del presidente Gustavo Petro para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, lo que ha despertado duros roces con el Congreso de la República, que se ha convertido en uno de sus más férreos opositores a las reformas.

Sin embargo, la pelea interna entre el Ejecutivo y los legisladores estaría dejando al descubierto un posible entramado del poder político y territorial, donde las conexiones familiares y matrimoniales jugarían un papel crucial.

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Según un reciente informe del diario El Espectador, que contó con documentación de varias entidades del Estado, incluida la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al menos cinco congresistas estarían bajo la lupa del Gobierno por posibles irregularidades en la acumulación de terrenos y la ocupación de predios baldíos.

El Gobierno de Gustavo Petro ha manifestado su preocupación por estos vínculos entre política y tierra, un tema recurrente en sus discursos. La acumulación de tierras es un punto clave del Acuerdo de Paz y de la reforma agraria que el Ejecutivo busca acelerar. En este sentido, se están explorando vías para agilizar la compra voluntaria de tierras y cumplir con las promesas de campaña.

En respuesta a un derecho de petición enviado por El Espectador, la ANT reconoció haber identificado a algunos congresistas involucrados en procesos agrarios, aunque no pudo proporcionar detalles adicionales debido a la falta de decisiones firmes.

Sin embargo, hay legisladores que se han mantenido en la escena pública por sus lazos familiares en diferentes departamentos, como el caso de Wadith Manzur, representante del Partido Conservador, que se ha convertido en la ejemplificación de la conexión entre política y negocios familiares en el territorio cordobés.

Manzur, vinculado a 23 propiedades en el municipio de Cereté, ha reportado actividades económicas en ganadería y agricultura. Su campaña para el Congreso en 2022 fue financiada principalmente por su familia, con aportes de su padre, Julio Alberto Manzur, quien confesó su colaboración con paramilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que inyectó más de 149 millones de pesos a su campaña.

Asimismo, aparecen registros de otros familiares que aportaron grandes sumas de dinero, además de grupos empresariales de Córdoba que han estado directamente relacionados con la política, como en el caso de la familia García Burgos, que inyectó 30 millones de pesos a su campaña a través de Alberto Carlos Valverde Pineda. De hecho, Nora García Burgos ha sido fórmula de Julio Manzur y su hijo.

Otro caso relevante es el de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, representante por una de las curules de paz del departamento del Cesar e hijo de Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe paramilitar. Tovar Vélez ha sido cuestionado por las propiedades a su nombre y las demandas de restitución de tierras. A pesar de las denuncias, el Consejo de Estado ratificó su escaño al Legislativo.

En el Senado, Alirio Barrera ha enfrentado señalamientos por la vinculación de su núcleo cercano con numerosas propiedades en Casanare. Incluso, su nombre aparece vinculado a 172 precios en ese departamento en los que también se registra el nombre de su prima, la exrepresentante a la Cámara Amanda Rocío Rodríguez.

Sin embargo, Barrera ha defendido sus actividades de compra y venta de terrenos, atribuyendo las acusaciones a opositores políticos. “Es un terreno que se subdividió, se hicieron los lotes y se vendió todo. Es una finca que se compró, sacamos una licencia en el 2012, 2013, pero por estar en el tema político, pues se abandonó el proyecto, no pude hacerlo y así me tocó venderlo”, señaló el senador al diario nacional.

La restitución de tierras es un tema candente en Colombia, afectando a diversos actores políticos. En la frontera con Venezuela, los representantes Wilmer Guerrero y Óscar Villamizar han adquirido terrenos en zonas de riesgo de desplazamiento forzado. Guerrero, por ejemplo, compró un lote en Ocaña poco después de levantarse una declaratoria de riesgo.

Sin embargo, el congresista defendió la adquisición de ese bien, asegurando que se trata de un predio que hace parte de un conjunto residencial que lleva, al menos, 23 años en construcción y que las escrituras están hace unos 20 años, además de alegar su desconocimiento sobre la declaración de riesgo de desplazamiento sobre ese terreno.

“Yo estuve indagando del tema con el personero de allá. Y él me decía: Wilmer, mira, lo que pasa es que en los municipios donde hubo presencia del tema de paramilitarismo en muchos sectores de Colombia, a los predios, de manera directa, no era porque estuvieran en un proceso de restitución ni porque los hubieran desplazado, le declaraban la medida cautelar de declaratoria de inminencia de riesgo de desplazamiento forzado. Es que a todos los predios se les colocaba. Y cuando alguien quisiera vender tenía que iniciar un proceso en la personalidad de la Alcaldía para evitar que esa persona que fuera a vender no la estuvieran vendiendo a desplazarse, obligando a vender barato, etcétera”, señaló Wilmer Guerrero a El Espectador.

El conflicto por la tierra también ha generado tensiones entre entidades. Un caso reciente es el de La América, un predio recuperado por la ANT que había sido propiedad de Jorge 40. La Procuraduría y la Unidad de Restitución de Tierras han cuestionado el proceso de recuperación, argumentando la necesidad de completar pasos judiciales.

La lucha por la tierra sigue siendo una de las prioridades del Gobierno de Petro, quien ha reconocido que la reforma agraria avanza lentamente. El proyecto de ley ordinaria de la reforma agraria está en discusión en el Congreso, con acuerdos multipartidistas para su presentación.