Este es el funcionario de Iván Duque que Emilio Tapia “echaría al agua” por su participación en el escándalo Centros Poblados

No deja de conocerse detalles sobre uno de los escándalos más grandes que envolvió al gobierno del expresidente Iván Duque, después de que el contratista Emilio Tapia, figura central en el caso de corrupción de Centros Poblados, acordara colaborar con la Fiscalía General de la Nación para revelar información sobre tres altos funcionarios del gobierno Duque que hasta ahora no habían sido implicados en la investigación.

De hecho, según reveló recientemente un informe de la revista Cambio, uno de los implicados que entraría en la mira del ente investigador es Iván Mantilla, exviceministro de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Comunicaciones (MinTic).

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El escándalo de Centros Poblados se centra en la adjudicación de un contrato millonario para la instalación de infraestructura de internet en zonas rurales de Colombia. La unión temporal que obtuvo el contrato fue creada fraudulentamente por Tapia y sus socios, quienes utilizaron garantías bancarias falsas para cumplir con los requisitos del proceso licitatorio.

Este entramado fue descubierto en 2021, lo que llevó a la condena de varios implicados, incluido Juan José Laverde, quien mencionó a Mantilla en su testimonio ante la Fiscalía.

Según las declaraciones de Laverde, Tapia le habría informado que Mantilla recibió un soborno por facilitar la adjudicación del contrato a la unión temporal. Sin embargo, este testimonio no fue corroborado por Tapia en su momento, lo que impidió que la justicia avanzara en esa línea de investigación.

Ahora, con el nuevo acuerdo, Tapia se ha comprometido a proporcionar pruebas que podrían implicar a Mantilla en el caso, a cambio de una condena de solo seis años de prisión por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación.

El ingeniero Iván Mantilla, quien fue el estructurador técnico del proyecto Centros Digitales, ha negado cualquier participación en el proceso de contratación. En un comunicado entregado a Cambio, Mantilla afirmó que nunca tuvo funciones de contratación asignadas y que, por lo tanto, no influyó en las decisiones relacionadas con el contrato.

Además, reiteró que no conoce a ninguno de los integrantes de la unión temporal involucrada en el escándalo, contrario a la información que tendría en su poder el contratista Tapia. “Por el contrario, después de adjudicada la licitación, en el marco de las gestiones del ministerio con ambos ganadores del proceso, expuse a los representantes legales de ambas empresas la necesidad de dar oportuno cumplimiento a todas las obligaciones derivadas del contrato, incluido agilizar todas aquellas correspondientes a la formalización del mismo para iniciar el despliegue del proyecto”, señaló el exviceministro.

La Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, ha revisado minuciosamente las versiones entregadas en el proceso con el objetivo de cerrar el primer capítulo penal del caso y abrir nuevas líneas de investigación.

Según la información que pudo obtener el medio nacional, el contrato, valorado en más de un billón de pesos, fue otorgado el 18 de diciembre de 2020, pero las irregularidades comenzaron mucho antes.

En octubre de 2020, Emilio Tapia, junto con Ottomar Lascarro Torres y Juan José Laverde Martínez, orquestaron la creación de una unión temporal falsa. Este conglomerado de empresas, que solo prestaron sus nombres para cumplir con los requisitos del proceso licitatorio, no participó realmente en el desarrollo del contrato. La Fiscalía ha señalado que Tapia era el verdadero dueño del negocio, y para asegurar la adjudicación, recurrieron a garantías bancarias falsas.

Estas garantías, necesarias para cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, fueron presentadas por Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal, y supuestos funcionarios del Banco Itaú. El 29 de diciembre de 2020, estos documentos fueron cargados en la plataforma Secop II del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia.

Según declaraciones recientes de Tapia, Mantilla habría dilatado la legalización de los documentos para dar tiempo a la unión temporal de conseguir las pólizas necesarias. A cambio, se habría comprometido a recibir una parte del contrato, aunque este pago nunca se concretó tras el estallido del escándalo.

La Fiscalía sostiene que Laverde, al no poder obtener una póliza de una aseguradora, recurrió a las garantías bancarias falsas, que luego fueron firmadas y presentadas por Duque. Este proceso permitió que se firmara la resolución de adjudicación, dando vida al contrato.