Escándalo en el departamento de Guainía: exconcejal implicado en minería ilegal en el río Atabapo

El conflicto socioambiental generado por la minería ilegal en Guainía, especialmente en el río Atabapo, es complejo y afecta tanto al medio ambiente como a la población local.

La extracción ilícita de oro en la región se lleva a cabo utilizando sustancias altamente tóxicas, como el mercurio, que contaminan las aguas del río, lo que ha generado niveles alarmantes de este metal pesado en la zona.

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El caso judicial contra Juan Esteban Barrera Veloza, exconcejal de Inírida, su madre Carmen Julia Veloza Pesquera y Juan Camilo Aguado Hernández, pone de manifiesto la implicación de figuras locales en la minería ilegal.

Según las autoridades, Barrera Veloza habría utilizado su cargo público para obtener información sobre las operaciones de control en la región y permitir la extracción ilegal de oro mediante el uso de dragas.

Por su parte, su madre gestionaba la logística de las operaciones mineras, mientras que Aguado Hernández adquiría insumos y repuestos necesarios para las dragas. Las investigaciones indican que se utilizaron aproximadamente diez dragas a lo largo del río Atabapo.

Las actividades mineras ilegales no solo afectan la calidad del agua, sino que también ocasionan daño a los recursos naturales y provocan ecocidio, ya que se invaden áreas de especial importancia ecológica. Los cargos imputados incluyen concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero y daño ambiental, entre otros.

Este impacto ambiental es especialmente grave en el río Atabapo, que forma parte de la estrella fluvial del Inírida, una zona crucial para la biodiversidad local.

La minería ilegal en Colombia ha generado una crisis ambiental en varias regiones, como los Farallones de Cali, donde la deforestación masiva y la contaminación de los ríos que abastecen la ciudad de Cali se han intensificado.

Este fenómeno ha sido impulsado por el aumento en el precio del oro, que ha atraído a miles de mineros ilegales a zonas protegidas. Las autoridades han adoptado medidas como la destrucción de socavones con explosivos para frenar la expansión de estos campamentos mineros. Sin embargo, la falta de oportunidades laborales y el deseo de obtener ingresos rápidos son factores clave que perpetúan este ciclo.

La situación en Guainía y en otras regiones de Colombia destaca la necesidad de una respuesta integral que no solo se enfoque en la aplicación de la ley, sino también en el desarrollo de alternativas económicas sostenibles para las comunidades, para que puedan dejar atrás la minería ilegal y contribuir a la protección de sus ecosistemas.

Según un documento presentado por organizaciones de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, que agrupan a 120 grupos de la sociedad civil, se han propuesto medidas para mitigar y prevenir esta actividad destructiva. El precio del oro ha alcanzado niveles históricos, lo que ha incentivado la minería ilegal, favoreciendo a grupos armados que operan en la región.

El documento, presentado durante la COP16 en Cali, destaca que entre 2014 y 2023, Colombia declaró haber producido 503 toneladas de oro, pero exportó más de 618 toneladas, lo que indica que más de 115 toneladas tienen un origen desconocido.

Esto ha llevado al Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional a estimar que el 80% del oro producido en Colombia es de origen ilegal. Los principales destinos de este oro son Estados Unidos, Italia, Suiza y Hong Kong.

Las organizaciones proponen siete recomendaciones para abordar el problema. Entre ellas, destacan la promoción de la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino del oro ilegal, y el fortalecimiento de la gobernanza en las zonas transfronterizas.

También se sugiere impulsar acciones colectivas lideradas por la comunidad para abordar la contaminación por mercurio, un subproducto tóxico de la minería ilegal que afecta gravemente a las comunidades indígenas.

La financiación ilícita es otro aspecto crítico, ya que la minería ilegal genera ingresos significativos que financian actividades delictivas. Se insta a los países a reconocer la minería ilegal como un delito con motivaciones financieras y a establecer un marco legal y regulatorio mínimo para la cadena de suministro de oro en los países amazónicos.