El gobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, enfrenta cargos por irregularidades en contratación

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra Rafael Alejandro Martínez, exalcalde de Santa Marta y actual gobernador de Magdalena, por presuntas irregularidades en la contratación de convenios durante el periodo electoral de 2019.

Según la investigación, Martínez firmó acuerdos por más de 1.000 millones de pesos con la Fundación para el Fortalecimiento del Estado y la Comunidad (Fundec), con el fin de implementar proyectos dirigidos al bienestar de comunidades vulnerables en la Localidad Histórica Dos Rodrigo de Bastidas y promover iniciativas de paz en el distrito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, la Procuraduría señala que estos convenios fueron celebrados de manera directa en un periodo prohibido por la ley de garantías, que establece restricciones para la contratación directa en años electorales.

La firma de estos acuerdos contravino la normativa vigente y carecía de las excepciones legales permitidas, lo que sugiere un posible manejo inadecuado de los recursos públicos.

La Procuraduría ha calificado provisionalmente la conducta del exalcalde como grave, bajo el título de “culpa grave”, y continúa con la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

En un giro adicional, el gobernador del departamento del Magdalena también enfrenta una nueva denuncia penal presentada ante la Corte Suprema de Justicia por el abogado Hernando Zabaleta Echeverry.

La denuncia incluye presuntos delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros agravado.

Según Zabaleta, la acusación es una represalia por las tácticas dilatorias implementadas por el diputado Rafael Noya García, miembro del mismo movimiento político de Martínez, en un proceso de nulidad electoral en curso en el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Zabaleta, quien también impulsa una demanda de nulidad electoral contra Martínez por presunta doble militancia, expresó en su cuenta de X que la denuncia es una “respuesta” a las maniobras políticas que retrasan el proceso judicial.

Actualmente, el proceso de nulidad electoral está en la etapa de pruebas en el Consejo de Estado, mientras que la denuncia penal se encuentra en fase de práctica de pruebas y goza de reserva sumarial.

Este caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la corrupción en la administración pública en Colombia, que afecta a diversas instituciones y gobiernos locales.

En este sentido, otro caso que ha captado la atención de las autoridades es el de Diego Andrés López Suárez, alcalde de El Colegio, Cundinamarca.

López Suárez enfrenta un pliego de cargos por presuntas irregularidades en el nombramiento de Iván Andrés Guzmán Vidal como secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, apenas un día después de que Guzmán terminara su periodo como concejal.

La Procuraduría ha señalado que esta designación podría haber violado las normas de incompatibilidad, ya que Guzmán no podía intervenir en asuntos administrativos del municipio durante los 12 meses siguientes a su salida del concejo.

Ambos funcionarios son acusados de haber ignorado las normativas sobre incompatibilidad en la función pública, lo que podría constituir una falta disciplinaria de carácter gravísimo.

Por otro lado, en Lérida, Tolima, la Procuraduría también ha iniciado una investigación contra el alcalde Luis Carlos Amézquita y su secretario de Planeación y Desarrollo Social, Rubiel Tafur Villarreal, por presuntas irregularidades en la gestión de contratos para las festividades de San Juan y San Pedro.

Según las denuncias, la administración municipal habría fraccionado contratos, favoreciendo a la Fundación IMIX con más de 124 millones de pesos, a pesar de que esta entidad carecía de la experiencia necesaria para organizar eventos de tal magnitud.

La investigación se centra en el posible fraccionamiento de contratos, lo que de ser confirmado podría constituir una violación a las normas de contratación pública y poner en duda la transparencia en el uso de los recursos municipales.